Trabajadores de la Asistencia Judicial anuncian paro de actividades en abril

• Molestos por lo que consideran una desidia del Ejecutivo en relación a las falta de condiciones mínimas de funcionamiento y dignidad laboral, más de 2000 trabajadores que proveen atención jurídica gratuita en todo el territorio anuncian paralización para el 2 de abril de no mediar respuestas concretas de la autoridad

Dirigentes y trabajadores de las cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJs)  del país marcharon hacia el Ministerio de Justicia, para reclamar mediante una carta oficio, una serie de demandas incumplidas para el sector y denunciar de paso, omisiones, falencias y acciones que consideran de suma gravedad, las cuales afectan directamente al servicio, anunciando un paro de actividades a partir del 2 de abril próximo.

Mediante una misiva dirigida al titular de la cartera Jaime Gajardo, representantes de la Federación Nacional del Acceso a la Justicia (Fenadaj) , entidad que aglutina a más de 2000 funcionarios de las CAJs del territorio, expresaron  que a la resistencia  de la autoridad a cumplir un protocolo de homologación remuneracional firmado en agosto de 2023 en favor de los estamentos más precarizados, se suman una falta de infraestructura mínima, oficinas que han debido ser cerradas por ausencia de personal por cargos no proveídos, y una sobrecarga de trabajo donde, por ejemplo, un solo abogado debe hacerse cargo en simultáneo, de más de 2000 causas, derivando en daño a la salud mental y al clima laboral.

Desde Fenadaj, su presidente Marcelo Inostroza, detalló un paro nacional para el próximo 2 de abril “por el incumplimiento de los acuerdos a los que se ha arribado con el Ministerio y la ausencia de gestión de las direcciones generales, que no han sido todo lo proactivas ni suficientes en la gestión de las demandas funcionarias”

Los trabajadores de las Corporaciones de Asistencia Judicial advierten que servicios sensibles para la población más vulnerable como son   la Oficina de Defensa Jurídica Integral de Personas Mayores (ODAM) o el Programa Mi Abogado, el que entrega asesoría jurídica gratuita a niños, niñas y adolescentes han sido “invisibilizadas en su precariedad” y “carecen de soporte administrativo para cumplir con su mandato legal”, sumado a la  ineficiente gestión de los concursos para proveer cargos permanentes, minimizando leyes como las 40 horas, Teletrabajo y más recientemente la que permite el incentivo al retiro para funcionarios públicos.

Finalmente los trabajadores de las Corporaciones de Asistencia Judicial confirmaron que de no existir una respuesta concreta del gobierno, la paralización anunciada puede incluso prolongarse indefinidamente a partir de inicios del mes de abril.