14 de enero 2026

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Agencia Uno


El 7° Juzgado de Garantía llevó a cabo este miércoles la audiencia de formalización contra los conservadores de Bienes Raíces de Puente Alto y Chillán, Sergio Yáber y Yamil Najle, respectivamente, junto al propietario de la casa de cambio Inversiones Suiza Limitada, Harold Pizarro; acusados de lavado de activos en la arista denominada “Trama Bielorrusa” del Caso Audio Hermosilla. En la instancia, el tribunal resolvió decretar el arresto domiciliario total para los tres imputados.

De acuerdo al Ministerio Público, los tres imputados habrían participado de un esquema de lavado de activos vinculado a pagos ilegales para obtener resoluciones judiciales que favorecieron al Consorcio Chileno Bielorruso Belaz Movitec (CBM). Por este mismo caso se mantienen en prisión preventiva los abogados representantes del consorcio Eduardo Lagos y Mario Vargas, junto al contador Gonzalo Migueles, este último pareja de la exministra suprema Ángela Vivanco.

Según la Fiscalía, los pagos iniciales ascenderían a más de $70 millones y habrían sido girados desde los abogados del consorcio de Migueles y Vivanco como retribución por un fallo favorable en un conflicto con Codelco. Posteriormente, estos fondos habrían sido “blanqueados” mediante operaciones financieras que habrían involucrado a Yáber, Najle y Pizarro.

Durante la audiencia, el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Muñoz, reveló además que tanto Yáber como Najle y Pizarro han suscrito convenios de cooperación eficaz con el Ministerio Público, lo que ha permitido a los persecutores reconstruir la estructura de lavado, incluyendo múltiples transacciones y el uso de instrumentos legales y casas de cambio para dar apariencia de legalidad a los recursos ilícitos, para así robustecer la teoría del caso.

Los conservadores habrían actuado como eslabones clave para el lavado de dinero, realizando traspasos y contratos ficticios destinados a encubrir el origen de los recursos provenientes del presunto cohecho. Considerando la cooperación de los imputados, la Fiscalía solicitó el arresto domiciliario parcial o total.

La formalización se produce en medio de otras diligencias vinculadas al caso, entre ellas la revisión de cautelares y declaraciones previas de otros imputados, como los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, y el contador Migueles.