El Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana (DC) expulsó al ex presidente del partido, Fuad Chahín; al ex secretario nacional, David Morales Nordetti; y al ex administrador Rogelio Zúñiga Escudero, por la venta irregular de dos sedes de la colectividad: una en Talagante y otra en Macul, suspendidas por la siguiente directiva cuando dejaron el cargo.
Mediante un documento, el tribunal de la DC determinó que «atendida la grave y reiterada infracción de los deberes partidarios que se dio cuenta en lo considerativo de este fallo, se sanciona con la medida de expulsión a Fuad Chahín Valenzuela, David Morales Nordetti y Rogelio Zúñiga Escudero», estableciendo «la eliminación de los expulsados de todos los Registros Partidarios».
Respecto del caso de la sede en Talagante, el fallo establece que «las condiciones del contrato no cumple con la norma del artículo 45 inciso segundo de la Ley N° 18.603 por cuanto ha realizado precisamente en contra del texto legal, en condiciones distintas de las de mercado con una contraprestación (precio) inferior al valor de mercado».
En esto, el documento señala como único responsable al entonces timonel de la colectividad, Fuad Chahín, «quien concluyó el contrato en las condiciones que, como apuntamos, implicaban un detrimento patrimonial para el partido», considerando además que el ex convencional es abogado y debía exigir un mayor estándar «respecto a su apreciación de los actos jurídicos que suscribía».
En el caso de Macul, el documento advierte que «se advierte responsabilidad disciplinaria tanto del entonces representante legal del partido así como de Rogelio Zúñiga, quien, de acuerdo a los correos electrónicos acompañados al proceso, tomó conocimiento tanto del precio que estaba fijando para el contrato de compraventa comprometido, así como realmente al que se suscribió».
Al respecto, apuntan que Chahín y Zúñiga «infringen el deber militante de cumplir con responsabilidad y disciplina las tareas partidarias» establecidas en los estatutos.
Otro caso que fundó la expulsión de los tres exmilitantes de la DC fue el de un contrato de arriendo de un inmueble en la comuna de La Florida donde también se estableció un valor inferior al del mercado, además de la firma de un nuevo contrato que no fue visado por las entidades internas de la DC para suscribirlo.
Se estima que el perjuicio de la venta de los inmuebles habría llegado a los mil 178 millones de pesos. En su momento, el Servicio Electoral objetó una tercera venta por un pago de comisión del 26 por ciento que ascendía a los 193 millones de pesos por concepto de corretaje, algo que está totalmente fuera del valor de mercado.
SIGUE LEYENDO
Diputados presentan indicación para renegociación de contratos eléctricos: “No se queda en la cancha chica como lo ha hecho el Ministro Pardow”
Diputado Lagomarsino (PR) acusa presiones desde La Moneda en favor de Joanna Pérez por voto para presidencia de Comisión Investigadora del Caso Monsalve
«Mintió cuando dijo que desconocía cosas»: Diputado Oyarzo (IND) por declaración de Presidente Boric en Caso Monsalve