26 de abril 2024

AQUÍ Y AHORA

NOTICIAS

A través de una resolución exenta -con fecha el 23 de febrero de 2021-, el Ministerio de Transportes determinó suspender el proceso de licitación para renovar a las empresas operadoras del Transantiago, fuertemente cuestionadas por sus niveles de cumplimiento en aspectos como la frecuencia.

La medida se adoptó, de acuerdo al documento publicado por el Directorio de Transportes Público Metropolitano, luego de que la cartera liderada por la ministra Gloria Hutt considerara “oportuno y conveniente introducir mejoras a diversos aspectos”, de las condiciones que se establecen en las bases de la subasta.

Con esto se busca “propender al desarrollo de un proceso licitatorio más competitivo y que conduzca a la provisión de un mejor servicio para los usuarios”.

[irp posts=»10094″ name=»Contraloría aprueba bases de licitación para operadores del Transantiago»]

La suspensión del proceso se conoce cuando restaban solo dos días para que finalizara el proceso de consultas a las bases, por parte de las empresas interesadas en participar de la licitación, cuyo fin es renovar a las seis compañías que en la actualidad operan el servicio de buses en la capital.

Truncado proceso

A mediados de diciembre del año pasado, la Contraloría General de la República aprobó las bases de la licitación. Todo mientras en paralelo, se desarrolla el concurso para definir a las empresas que serán las encargadas de proveer la flota de buses al sistema.

Dicho proceso también sufrió varios frenazos. La última fue en agosto de 2020, cuando el Ministerio de Transportes decidió suspender el proceso, ajustó las fechas y lo retomó semanas más tarde, postergando una vez más la anhelada licitación.

[irp posts=»4203″ name=»Licitación del Transantiago vuelve a ser suspendida: Gobierno fija nuevas fechas para la presentación de ofertas»]

Sin embargo, el principal revés que registró la subasta fue durante el 2019. A mediados de ese año, el Gobierno envió los documentos con las bases a la Contraloría los que fueron rechazados por dicho organismo, instando a realizar ajustes. Aún cuando el Ejecutivo se autoimpuso un plazo de 30 días para reingresar los textos al ente fiscalizador, estos fueron enviados prácticamente tres meses después.

REVISA LA RESOLUCIÓN