El Juzgado de Garantía de Antofagasta resolvió acoger la solicitud de ampliar la querella criminal presentada por el diputado republicanos, en el marco del caso convenios de la región.
La acción de los diputado Cristian Araya y Juan Irarrázaval está dirigida, según consigna Ex Ante, contra tres autoridades RD: ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson; la directora de Presupuesto, Javiera Martínez; y el jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi.
La acción contra el ministro Jackson busca investigar su eventual responsabilidad penal en la decisión del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG), cuando era el secretario era Segpres, de disminuir la supervisión de los traspasos a fundaciones.
En el caso de Martínez, la acusación es por el oficio de la Dipres que también visó el proyecto de fachadas de ProCultura y su eventual vínculo con Democracia Viva.
Por último, respecto a Crispi, se busca investigar los convenios firmados por $630 millones entre el Gobierno Regional de Antofagasta y la fundación ProCultura para pintar fachadas del casco histórico de la capital regional, cuando éste era subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo.
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