La idea es evitar que el recién asumido ministro del Trabajo y Previsión Social, Patricio Melero continúe en el cargo. Así lo confirmó Alicia Lira, vocera de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, quien explicó que están analizando con sus abogados «qué es lo que conviene más en términos jurídicos» en contra del ex diputado.
«Queremos demostrarle a esta sociedad, que cómo es posible que un cómplice de la dictadura, del terrorismo de Estado, como fue el dictador, hoy día asuma como ministro del Trabajo», afirmó la dirigenta.
La reacción se da luego que esta jornada se diera a conocer un oficio reservado de 1986, donde el ministro de Educación de la época, Sergio Gaete, le entregó al director de la Central Nacional de Informaciones (CNI) antecedentes sobre estudiantes opositores de colegios de la Región Metropolitana.
El objetivo era que la CNI tomara “las medidas correspondientes” con ellos. Según se lee en el documento, la información la entregó la Secretaría Nacional de la Juventud, que lideraba en ese entonces, Patricio Melero.
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Al respecto, en Chile Vamos, el diputado de Renovación Nacional, Gonzalo Fuenzalida señaló que desconoce el pasado del actual ministro, agregando que «nadie es perfecto«. «De su pasado, de sus aciertos o desaciertos en política, cada uno opinará de la forma que quiera, porque la verdad es que si hay alguien perfecto en política, que me lo presente», cerró.
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