Este viernes, se ingresó al Congreso Nacional, el texto que defiende al ministro de Desarrollo Social de las acusaciones en su contra.
El texto indica que “la acusación presentada confunde hechos con juicios de valor e imputaciones, estableciendo de antemano un contexto de suposiciones, valoraciones e imputaciones arbitrarias. Aquello pretende generar un ambiente de crisis sostenido en apreciaciones personales, políticas, consideraciones de hecho o mérito, totalmente alejadas de la naturaleza y fines de la acusación constitucional en el ordenamiento jurídico”.
Por otro lado, sostiene que “los hechos descritos dan cuenta del intento de juzgar a este Ministro de Estado por hechos de carácter general que no dicen relación con el despliegue de alguna acción particular o personal de mi parte, o bien por hechos que relatan de forma errónea con el fin de subsumirlos de manera forzosa en alguna de las causales de acusación constitucional”.
Asimismo, declara que “la presente acusación constitucional no cumple con ninguno de los requisitos que harían posible su procedencia, por lo que debe ser declarada inadmisible”.
“De tal modo, se da cuenta del incumplimiento de la y los acusadores al deber de fundamentación al incluir apreciaciones personales, imputar hechos sin desarrollarlos, incurrir en contradicciones y en faltas a la lógica, además de utilizar un lenguaje inapropiado, lo que impide el derecho a defensa y vulnera los principios de presunción de inocencia y de un debido proceso”.
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