9 de julio 2026

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La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de protección tarifaria que busca contener nuevas alzas en las cuentas de la luz, extender el subsidio eléctrico para familias vulnerables y establecer un mecanismo de pago de la deuda acumulada con las empresas distribuidoras producto del congelamiento de tarifas iniciado en 2019.

La iniciativa, presentada por el Gobierno, fue respaldada por 89 votos a favor, 34 en contra y 9 abstenciones, y ahora pasará al Senado para continuar su tramitación legislativa. La aplicación de la normativa vigente implicaba iniciar el pago de la deuda en abril de este año, lo que podía traducirse en nuevas alzas de hasta 20% en algunas regiones.

La propuesta fija un mecanismo colectivo de pago mediante un cargo aproximado de $5 kWh, que se aplicaría entre 2028 y 2035. Con ello, se busca ordenar el pago de la deuda generada por los congelamientos tarifarios y evitar que el costo se traslade de forma inmediata a las cuentas de los clientes.

Además, el proyecto extiende hasta 2027 la vigencia del subsidio eléctrico para las familias pertenecientes al 40% más vulnerable, a través del Fondo de Estabilización de Tarifas. También incorpora medidas para mejorar los procesos de fijación tarifaria y evitar nuevos retrasos o reliquidaciones que puedan impactar en las cuentas de la luz.

La propuesta incluye, además, planes de inversión para que las empresas distribuidoras ejecuten obras orientadas a mejorar la calidad del servicio y disminuir los tiempos de interrupción del suministro eléctrico.

Durante el debate, quienes respaldaron el proyecto plantearon que la iniciativa permite enfrentar una deuda superior a los US$800 millones con las empresas eléctricas, fortalecer la estabilidad del sistema y mitigar nuevas alzas para los usuarios. En esa línea, parlamentarios oficialistas y de otros sectores la calificaron como una respuesta necesaria para ordenar el problema tarifario.

Desde la vereda crítica, diputados advirtieron que el mecanismo de pago colectivo podría terminar cargando a los hogares y pymes deudas que también corresponden a grandes clientes o industrias. En ese contexto, cuestionaron que una deuda promedio de $10 mil por familia, sin proyecto, pudiera transformarse en cerca de $90 mil pagados en 96 cuotas, aunque valoraron la extensión del subsidio eléctrico y las normas orientadas a renegociar contratos.

Tras la votación en general y la aprobación de los artículos sometidos a votación separada, el proyecto quedó despachado al Senado, donde continuará su discusión.