9 de julio 2026

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Se trata de una iniciativa que cuenta con el respaldo de parlamentarios desde el Frente Amplio hasta el Partido Nacional Libertario, y que ya consiguió las firmas necesarias para crear una Comisión Especial Investigadora que revisará las segundas concesiones de autopistas, los mecanismos de cobro de peajes y TAG, además del destino de los recursos recaudados y la actuación de los órganos del Estado.

El presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, se refirió al amplio apoyo conseguido por esta iniciativa de la Bancada, señalando que “tenemos que comunicar que 65 parlamentarios han puesto su firma para iniciar una comisión investigadora sobre la renovación de los contratos de autopistas. Eso significa que por primera vez se va a transparentar la relación entre concesionarias, el Estado y el ciudadano que tiene que pagar estos montos horrendos en nuestras carreteras”.

Kaiser enfatizó que, “si bien el partido siempre ha apoyado el sistema de concesiones, la ciudadanía tiene derecho a saber exactamente cuánto de lo que se paga en peajes va a las empresas y cuánto al Estado, ya que tenemos sospechas ciertas de que el Estado ha transformado a las concesionarias en recaudadores de impuestos internos y que están abusando de manera brutal de los ingresos de nuestros compatriotas”, afirmó.

Por su parte el diputado Pier Karlezi, promotor de la iniciativa, detalló los próximos pasos, indicando que “después de varios años de trabajo, hoy llegamos rápidamente a las 65 firmas con un apoyo transversal”. Karlezi anunció que “se citará a todos los actores involucrados en las negociaciones para que expliquen por qué, una vez pagadas las infraestructuras originales, los peajes no bajaron y cuánto deberían pagar realmente los chilenos”.

“Camuflar un impuesto a través de la recaudación de las autopistas es ilegal, porque para fijar un impuesto tiene que pasar por la Cámara y el Senado”, sostuvo el legislador por la región Metropolitana, agregando que “vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para transparentar las intenciones, los costos, las variables y quiénes son los beneficiarios de estos cobros injustos”.

La solicitud de la bancada del PNL se fundamenta en antecedentes revelados por una investigación de BioBioChile, que estimó en $2,7 billones los recursos que el fisco obtendría de solo cinco contratos de segundas concesiones, mediante mecanismos como compartición de ingresos, pagos por infraestructura preexistente y bienes o derechos. La comisión solicitada, buscará determinar si estos instrumentos respetan los principios de transparencia, probidad y eficiencia que rigen la Ley de Concesiones, y si responden efectivamente al interés público o configuran un gravamen encubierto sobre los usuarios.