24 de febrero 2024

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Una querella criminal por los delitos de facilitación de documentación tributaria falsa asociados al “Caso Factop”, presentó hoy el Servicio de Impuestos Internos en el 4°Juzgado de Garantía de Santiago.

Esta acción penal tiene su origen en la solicitud de antecedentes realizada por parte del Servicio de Impuestos Internos a la Fiscalía Regional Metropolitana Santiago Oriente, respecto de una causa que investiga dicha entidad relacionada con los delitos de apropiación indebida y estafa entre otros delitos.

El Director del Servicio de Impuestos Internos, Hernán Frigolett, enfatizó que “con la presentación de esta querella, queremos enviar un mensaje muy claro: como Servicio vamos a perseguir, con todas las herramientas que nos entrega el marco normativo vigente, a cualquier persona o empresa que dañe al sistema tributario, y con ello a la sociedad en su conjunto, al evadir sus responsabilidades tributarias”.

Añadió que “esta acción refleja el trabajo desarrollado por los equipos del SII, que reaccionaron apenas surgieron antecedentes sobre posibles delitos tributarios, en agosto pasado. La coordinación con la Fiscalía permitió que se esté presentando al día de hoy, esta acción penal con la prontitud necesaria ante la detección del delito de facilitación de facturas falsas por cerca de 13 mil millones de pesos”.

Por su parte, el Subdirector Jurídico del SII, Marcelo Freyhoffer, explicó que “en esta línea, resulta fundamental el trabajo coordinado y la colaboración con el Ministerio Público, con el objetivo de fortalecer la investigación y persecución penal de delitos económicos, tributarios, de corrupción, crimen organizado y lavado de activos”.

El caso

La acción legal se presentó contra Daniel Sauer, Ariel Sauer, Alberto Sauer y Darío Cuadra, en sus calidades de representantes legales de las sociedades Inversiones Guayasamín SPA; Inversiones DAS Limitada, y Comercial Textil Ziko Limitada, respectivamente, quienes, durante los períodos tributarios que van desde enero de 2021 a julio de 2023, facilitaron a más de 100 empresas distintas, un total de 9.970 facturas falsas por un total de $12.988.219.183, configurándose así el delito establecido en el artículo 97 N°4 inciso final del Código Tributario. La querella se presentó contra las personas señaladas y todos aquellos que resulten responsables.

El SII conoció del caso a través de fuentes de información pública, en la cual se daba cuenta de una querella presentada por un fondo británico contra los hermanos Daniel y Ariel Sauer, controladores del factoring Factop, por los delitos de estafa y falsificación por US$5 millones, tras detectar que ambos empresarios le entregaron en prenda y a cambio de créditos, una serie de facturas fraudulentas.

Dado que se menciona la utilización de posibles facturas no representativas de operaciones reales, el Servicio solicitó, mediante oficio al Ministerio Público, el acceso a la copia de la carpeta investigativa (conforme las facultades contenidas en el artículo 162 del Código Tributario).

El objetivo de esta solicitud fue verificar la posible existencia de delitos tributarios en la causa. A fines de septiembre la fiscalía entregó ciertos elementos de la carpeta investigativa, con lo que el Servicio inició su análisis, confrontando la información con los datos disponibles en el organismo, determinando que existían antecedentes suficientes para iniciar un proceso de Recopilación de Antecedentes, a cargo del Departamento de Delitos Tributarios de la Subdirección Jurídica del SII.

Luego del análisis realizado, se emitió un informe para determinar la presentación de la acción penal que se concretó hoy. Sin perjuicio de esto, el SII no descarta nuevas acciones respecto de más contribuyentes, que puedan surgir a partir del trabajo de análisis que actualmente están desarrollando los equipos de fiscalización, en el marco del foco que mantiene el Servicio de Impuestos Internos en contra contribuyentes de comportamiento agresivo que cometen delitos tributarios, como también, en virtud del trabajo colaborativo que se desarrolla con el Ministerio Público, todo con el fin de determinar si existen nuevos delitos posibles de ser perseguidos ante los Tribunales de Justicia.