Codelco resolvió desistirse del recurso de amparo económico que había presentado contra la Contraloría General de la República, luego de que el ente fiscalizador modificara el criterio que originó la controversia por el proyecto de litio en el Salar de Ascotán.
La acción judicial había sido ingresada el 18 de junio ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en el marco de la revisión realizada por Contraloría al procedimiento para otorgar un Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) a Minera Ascotán SpA, empresa coligada de la estatal.
En esa oportunidad, Codelco cuestionó que determinadas decisiones corporativas debieran someterse al trámite de toma de razón, al considerar que se trataba de una interpretación inédita y contraria al régimen de derecho privado bajo el cual opera la empresa en sus actividades comerciales.
El escenario cambió tras la publicación en el Diario Oficial de la Resolución N°14/2026 de Contraloría, que modifica la Resolución N°36 sobre normas de exención del trámite de toma de razón y establece un mecanismo especial de control para ciertas actuaciones de empresas estatales productoras de cobre.
La nueva normativa contempla un control posterior para acuerdos de directorio vinculados a la creación, modificación o término de sociedades, adquisición de acciones, cambios en participación estatal u otras operaciones societarias. En esos casos, las empresas deberán remitir los antecedentes a Contraloría dentro de los 10 días hábiles siguientes, sin que ello implique someter esas decisiones a toma de razón.
Según explicó la estatal, la decisión de desistirse responde a que Contraloría modificó su criterio y ya no exigirá a Codelco emitir actos administrativos sobre decisiones corporativas relativas a sociedades en las que participa para someterlos a toma de razón.
A través de una declaración pública, Codelco señaló que mantendrá su colaboración con los procesos de fiscalización dentro del ámbito de competencia de Contraloría y reafirmó su compromiso con la transparencia, el fortalecimiento de su gobierno corporativo y el cumplimiento del marco normativo vigente.
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