28 de marzo 2024

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La Comisión de Hacienda se reunió con el objeto de tratar en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la Ley 18.502, que establece impuestos a combustibles con el objeto de rebajar en un 50% el impuesto específico a las gasolinas automotrices y petróleo diesel, en caso de y durante la vigencia de un estado de excepción constitucional o alguna calamidad pública que afecte o comprometa gravemente el empleo e ingresos de la ciudadanía.

La iniciativa contaba con la venia de la Sala en cuanto a su admisibilidad. Su idea de legislar, en tanto, fue aprobada en la comisión el 12 de julio pasado.

Los diputados discutieron ayer a fondo el tema y, tras someter a votación el articulado, se rechazó la rebaja de un 50% del impuesto a los combustibles. Igualmente, fueron declaradas inadmisibles todas las indicaciones presentadas. Entre ellas, se consignaba una que disminuía el guarismo a un 30% y otra que extendía por ocho meses más la rebaja del impuesto, una vez finalizado el estado de excepción.

A juicio de los diputados, el texto es claramente inadmisible, ya que hace referencia a prerrogativas propias del Ejecutivo. No obstante, como tenía respaldo de la Sala, los parlamentarios se pronunciaron sobre la materia.

Alternativa

En la oportunidad, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, insistió en la inconstitucionalidad del proyecto. Además, explicó lo perjudicial de una propuesta como esta “considerando que reduce las arcas fiscales y, más aún, en un año en el que dichos fondos lo estamos utilizando en una serie de ayudas sociales”.

En ese sentido, se mostró abierto a analizar otras formas de combatir el alza sostenida en el precio de los combustibles. “Podríamos, vía decreto, modificar de manera transitoria los parámetros del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) y, de esa forma, dar un alivio en el corto plazo. Pero que se vaya extinguiendo en el tiempo. Una medida así la podríamos tomar si este proyecto no avanza porque es perjudicial. Estamos al límite del endeudamiento público. Podría ser en una o dos semanas”, planteó.