Agencia Uno
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles y en su tercer trámite constitucional el proyecto de reajuste del sector público, el que quedó en condiciones de ser promulgado como ley de la República, y en donde finalmente se rechazó la llamada “norma de amarre”.
El texto legal establece un incremento salarial total de 3,4% nominal para los funcionarios públicos, dividido en dos etapas: un 2% retroactivo desde diciembre de 2025, que se pagará próximamente, y un 1,4% adicional a partir de junio de 2026. El reajuste incluye también beneficios asociados, como aguinaldos y otros pactados con la mesa del sector público.
Durante la tramitación, los parlamentarios rechazaron las disposiciones conocidas como “norma de amarre”, promovidas por el Ejecutivo y vinculadas a la estabilidad laboral de los trabajadores a contrata, como el derecho a reclamar ante Contraloría por despidos sin justificación tras cinco años de servicio.
El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó que 130 normas fueron aprobadas y sólo 15 rechazadas, aunque lamentó que “no logramos obtener los votos ni acá ni en el Senado en lo relativo a evitar arbitrariedades y tener mayor transparencia en la forma en que se renuevan las contratas”.
De igual forma, manifestó que “esto va a permitir que las y los trabajadores del sector público reciban el reajuste y todos los beneficios económicos asociados”.
Por último, el ministro defendió el rol de los funcionarios y declaró que “ha habido ataques sistemáticos a las y los trabajadores del sector público, a pesar de que hacen una tarea fundamental para la sociedad”.
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