Este miércoles, parlamentarias oficialistas anunciaron que recurrirán a la Corte Suprema, con el fin de invalidar la sentencia del tribunal de alzada de Valparaíso, el cual rechazó un requerimiento contra el test de droga obligatorio que se aplica en la Cámara de Diputadas y Diputados desde hace un par de meses.
«La sentencia (de Apelaciones) yerra al señalar que el Reglamento fue dictado en el ejercicio de las atribuciones que se le confieren a la Cámara de Diputados por el artículo 4 de la LOC del Congreso Nacional, lo que descarta su ilegalidad, pues la ilegalidad se funda en la necesidad de norma legal expresa que permita afectar derechos fundamentales y excepcionar la aplicación de textos legales vigentes», señalan.
Las legisladoras plantean que existiría otro equívoco, «al señalar que de la exposición de los hechos no se advierte la forma en que la aplicación de este reglamento y la realización de los exámenes toxicológicos que en él se contemplan, pueda afectar sus garantías constitucionales, pues precisamente el reglamento afecta los derechos fundamentales a la integridad física y psíquica y el respeto y protección a la vida privada y a la honra de las personas, y la protección de los datos personales de las parlamentarias».
La acción judicial es solicitada por las diputadas Ana María Gazmuri, Marisela Santibáñez, Marcela Riquelme, Lorena Fries y Clara Sagardia.
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