13 de julio 2024

AQUÍ Y AHORA

NOTICIAS

La Corte Suprema finalmente resolvió este martes que sea la justicia civil la encargada de llevar adelante la investigación de la muerte del conscripto Franco Vargas durante una marcha del Ejército en Putre.

De esta forma, la ministra en visita de la justicia militar, Jenny Book, deberá entregar la indagatoria al Juzgado de Garantía de Arica.

Según señala el fallo, «no resulta posible entonces solo acudir a las normas técnicas de rango legal que regulan la jurisdicción militar, pues este cuerpo normativo, por la época en que fue dictado (1944) y la especificidad de la materia que regula, invierte el razonamiento, asumiendo que la jurisdicción militar es la regla general y la jurisdicción ordinaria la excepción; carácter que –en consecuencia y así entendido asume bajo esta mirada el artículo 9° del Código del ramo».

De manera que «un análisis respetuoso del principio de juridicidad y división de poderes, consagrados en la Constitución Política de la República, y de los Derechos Humanos reconocidos en Tratados Internacionales que han sido ratificados por Chile y se encuentran vigentes, obliga a preguntarse en primer término si existen fundamentos exclusiva y estrictamente militares que por su directa conexión con los objetivos, tareas y fines propios de las Fuerzas Armadas, tornen indispensable para las exigencias defensivas de la comunidad como bien constitucional, la necesidad de una vía judicial específica para el conocimiento y eventual represión de delitos comunes», agrega.

«El hecho de que los delitos investigados se hayan cometido, no en actos del servicio militar sino que, “con ocasión” de ellos (…) no puede estimarse un argumento constitucionalmente suficiente que justifique, por sí mismo, la necesidad ineludible de sacrificar las garantías jurisdiccionales que configuran un Estado de Derecho en beneficio de pretensiones de eficiencia técnica que evidentemente no resultan aplicables en la especie, toda vez que la competencia de la justicia militar no estaría, en este caso, protegiendo bienes jurídicos indispensables para la seguridad de la nación o para exigencias defensivas de la comunidad», añade el fallo.

Al respecto, el parlamentario que acompaña legislativamente a Romy Vargas, madre de Franco Vargas; el diputado Rubén Oyarzo (IND), declaró que «valoro la decisión de la Corte Suprema que determinó radicar en la justicia civil la investigación por la muerte del conscripto Franco Vargas».

Según expresó, «creemos que esto asegura una investigación imparcial y también da tranquilidad a la madre de Franco, quien ha solicitado que sea la justicia ordinaria la que desarrolle la investigación y que el Ministerio Público indague las responsabilidades hasta las últimas consecuencias».

Finalmente, afirmó que «la experiencia de lo ocurrido en Putre con Franco y los otros conscriptos también debe significar un cambio en la manera en que se aborda el servicio militar en nuestro país. Y desde la legislatura estaremos muy atentos a que estos cambios normativos se produzcan».