7 de diciembre 2021

Veritas Capitur

La Verdad se Conquista

El Consejo para la Transparencia (CPLT) decidió instruir investigaciones sumarias a las subsecretarías de Salud Pública y de Redes Asistenciales al constatar solicitudes de acceso a la información sin respuesta y otras fuera de plazo acorde a lo establecido por la Ley de Transparencia.

Tras fiscalizar a 25 organismos del sector salud en tiempos de pandemia –incluyendo las dos subsecretarías, seremis, servicios de salud y hospitales- en un 76% de los casos evaluados (más de 260 solicitudes de acceso a la información) se habrían establecido infracciones a normas de derecho de acceso a la información.

Sobre el proceso, la presidenta del Consejo, entidad que debe garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de Transparencia, Gloria de la Fuente, subrayó la relevancia del acceso a información de entidades públicas en contextos de crisis: “En el marco de una emergencia sanitaria como la que generó el Coronavirus, tener acceso a información oportuna puede salvar vidas”.     

Destacó además que contar con antecedentes de fuentes oficiales “colabora con el proceso de toma de decisiones y permite ejercer control por parte de la sociedad sobre lo que se hace y las decisiones que se toman”. Lo anterior, dijo “es central, puesto que ayuda a reconstruir o reparar la confianza y dota de legitimidad a las acciones que emprenden las autoridades, cuestión esencial si lo que se busca es que las personas acaten las medidas que se toman para el cuidado de todas y todos, más aún si se espera un aumento en los contagios”.

La politóloga explicó que “El Consejo Directivo estableció al inicio de la emergencia sanitaria que el derecho a acceder a información pública se mantenía en el contexto del estado de excepción constitucional. Así lo informamos vía oficio y declaración pública a los organismos públicos, por lo que es parte del ejercicio de nuestro rol garantizar que no se vulnere el derecho de las personas a que se les entregue información”, en particular en contextos sensibles como el de la pandemia por Covid-19.

La presidenta del CPLT detalló parte de las acciones de fiscalización impulsadas por la entidad en el ámbito sanitario durante 2020 y cómo se relacionaron con el proceso que terminó con investigaciones sumarias para las subsecretarías. Sobre ello dijo: “El Consejo consideró que en un contexto de pandemia era importante saber qué estaba pasando en materia de acceso a la información no sólo para controlar recursos, sino también para saber si las entidades estaban respondiendo a requerimientos de información, que en contextos de crisis transforman a la información en un insumo clave”

De la Fuente comentó que tras una serie de procesos focalizados en materia de compras –como test rápidos-, residencias sanitarias, entre otros, “el equipo de fiscalizadores del Consejo identificó que de manera consistente algunos servicios no respondían a las solicitudes de información o lo hacían de forma extemporánea, lo que levantó las alertas para desarrollar un proceso centrado en este tipo de incumplimientos”.    

En algunos casos, como el de la Seremi de Salud de Los Lagos, no fue posible acceder a los expedientes administrativos, por omisión desde los organismos o ausencia de respuesta a los requerimientos de la Dirección de Fiscalización del CPLT. También destacaron por altos niveles de incumplimientos y entrega parcial de expedientes el Servicio de Salud de Concepción y el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio.

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