Los Ministerios de Obras Públicas y Hacienda, junto a la Cámara Chilena de la Construcción, presentaron este martes los detalles de la medida de reajuste a los contratos con las empresas constructoras afectadas por alza de los materiales.
El gobierno denominó la medida como «Apoyo a la construcción y el empleo» al reajuste de contratos vigentes de infraestructura pública. Este mecanismo abarca un universo potencial de 1.423 contratos, 436 empresas y 95 obras con riesgo de paralizar.
Con esta iniciativa, el gobierno espera proteger cerca de 30 mil empleos en todo el país, junto con evitar el abandono de la obras y reducir el riesgo de alza de desempleo. La medida es de carácter opcional y las empresas pueden realizar la solicitud hasta el 31 de marzo de 2023.
De acuerdo al ministro de Hacienda, Mario Marcel, la medida «implica un volumen de recursos por alrededor de US$ 380 millones que están dentro del MOP para este año, no implica una gasto adicional, pero sí asegurar que lo que estaba presupuestado se va a gastar. Eso significa que durante este año, en los primeros meses, partimos con una ejecución de la inversión por debajo de la del año anterior. Ya entre septiembre y octubre, dependiendo de cuales sean los ministerios, ya hemos alcanzado los niveles del año anterior y durante los últimos meses del año los vamos a exceder y lo haremos significativamente lo que le va a dar un impulso adicional a la actividad en el término del año».
El ministro Marcel indicó que la medida se suma a otras que se han ido adoptando durante el año con el fin de agilizar la ejecución de la inversión, y que pretenden mantenerlas durante el año 2023 y sumarle algunas que están comprometidas en el proyecto de Ley de Presupuesto.
«A lo que vamos a estar apuntando es que el presupuesto de inversión tenga un comienzo rápido durante el 2023 para que no tengamos que estar a mediados de año preocupados de cómo acelerar la ejecución». En el caso de gobierno regionales, «va a haber un aporte adicional de recursos para inversión de los gobiernos regionales sobre la base de lo que sea su ejecución presupuestaria de la inversión en el primer trimestre del año», explicó.
Sin embargo, hay excepciones. Este mecanismo no aplicará para casos en que se encuentre dictada la resolución que designa la comisión de recepción única o provisoria. Tampoco en caso que se haya dado término anticipado al contrato ni cuando se haya hecho abandono unilateral de la obra.
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