En un encuentro entre la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Asociación Americana de Juristas, el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia; el ex juez español Baltasar Garzón afirmó que en Chile sí hay presos políticos y cuestionó la represión policial ante la protesta popular.
En la cita, que reunió a los denunciantes contra el presidente Piñera ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, el juez cuestionó «el mantenimiento durante todo este tiempo de personas cuyo único delito ha sido participar de una protesta popular, sin que se haya acreditado que hubiera otra intencionalidad».
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En esa línea, afirmó que «el resultado de quienes participaban de esos hechos deben ser catalogados como presos políticos, en el sentido que están privados de libertad como consecuencia de su participación» en las protestas.
«La imputación de hechos delictivos en algunos casos ha sido simplemente participar de esos hechos. O sea, se ha tomado como una especie de responsabilidad general por el hecho de estar en esas manifestaciones, con unas imputaciones más que sospechosas o más que dudosas en base a las pruebas portadas, que en muchos casos no pueden tener ni la categoría de tales», agregó el ex jurista español.
El requerimiento a la Corte Penal Internacional
Las organizaciones de defensa a los derechos humanos le solicitaron a la abogada Fatou Bensouda, fiscal general de la Corte Penal Internacional, iniciar una investigación contra el Estado de Chile por las violaciones a los derechos humanos que se han cometido desde el estallido social.
Uno de los principales argumentos es la actual situación judicial en cuanto a crímenes de este tipo: de 11.488 causas abiertas por Fiscalía, más de 6.321 se han cerrado sin encontrar responsables, lo que constituye el 55% del total.
Además, 541 de ellas han determinado la comisión de crímenes de lesa humanidad contra niñas, niños y adolescentes.
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«No podemos permitir que el crimen y la impunidad se normalicen en nuestro país», fue el llamado del presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos.
El abogado que lidera el equipo jurídico a cargo de investigar vulneraciones de los derechos fundamentales durante el estallido social espera que con esta acción «el Presidente de la República y demás autoridades civiles y policiales respondan».
«Se han cumplido los requisitos exigidos por el artículo séptimo del Estatuto de Roma que describe los crímenes de lesa humanidad, y con pleno conocimiento de las máximas autoridades».
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La Corte Penal Internacional debe determinar la admisibilidad del requerimiento, un proceso que se podría prolongar incluso por años.
El organismo internacional debe analizar si se cometieron crímenes de lesa humanidad en el país y si se cumple el carácter complementario de este tribunal, o sea, demostrar que el sistema judicial chileno no los investigó y sancionó.
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