El 4° Juzgado de Garantía de Santiago decretó este martes la medida de prisión preventiva contra los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, investigados en el marco del denominado caso Audio.
A ellos se suma Luis Angulo, esposo de la abogada, quien quedó bajo la cautelar de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.
Cabe señalar que tanto Hermosilla como Villalobos son investigados por delitos tributarios, lavado de activos y sobornos. Para lo que se estableció un plazo de 180 días.
Por su parte, Hermosilla cumplirá con la medida en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber.
En tanto, Villalobos deberá ingresar a la cárcel de San Miguel.
Tras conocerse la decisión, la diputada Camila Musante (IND) respaldó la medida señalando que «efectivamente es un peligro para la sociedad y hay una duda razonable de que pueda intentar destruir las pruebas y las evidencias del caso Audios».
Además, destacó que «también hay una segunda noticia que nos pone muy contentos. Y es que finalmente va a ser el 7° Juzgado de Garantía el que va a conocer la querella por el delito de tráfico de influencias en el Poder Judicial. Una arista que todavía no está siendo investigada por la justicia: La responsabilidad penal de ministros y jueces que se han visto incluso involucrados en los chats de Hermosilla y que todavía no han respondido ante la justicia».
Consultada respecto a si sería aceptable que un tribunal de alzada estimara más pertinente un arresto domiciliario en el caso de Hermosilla, la diputada fue categórica y respondió que «la verdad es que no».
Asimismo, fundamentó que «como bien decía la jueza de garantía, existe una duda razonable de que acá pueda haber un intento de destrucción de pruebas y están en los mismos chats, en la misma evidencia, que la llevan a concluir que es la prisión preventiva la medida más idónea. O sea, expresiones como ‘por cuánto quemas la oficina o hay que quemar documentos’, dejan en evidencia y es bastante claro para todo el mundo que acá el señor Hermosilla va a hacer lo imposible por destruir toda prueba».
Por otra parte, respecto a los antecedentes y las menciones al exministro Andrés Chadwick en la formalización, señaló que estos «tienen que ver con la defensa del exministro Chadwick, en la cual se ve involucrado el actual ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus. Van a ser investigados por el 7° Juzgado de Garantía tras la querella que presentamos por el delito de tráfico de influencias. Ya se confirmó la competencia en ese juzgado, el que conoce de los ilícitos que tienen su principio de ejecución en La Moneda, como es el caso de un exministro del interior».
En ese contexto, precisó que «la querella está dirigida para todos aquellos quienes resulten responsables, porque como hemos visto esto es una caja de Pandora y no sabemos ni cuántos ministros, ni cuántos exministros de Estado, ni del Poder Judicial pueden estar involucrados».
Por último, fue consultada respecto a las menciones del exfiscal Guerra en los chats de Hermosilla, quien también tuvo a cargo el caso Penta, que defiende a una ministra de la Corte Suprema y trabajó en la Universidad San Sebastián donde se desempaña el exministro Chadwick.
Sobre esto, comentó que «si Guerra es el creador de las clases de ética para el Caso Penta, obviamente va a existir una desconfianza profunda de lo que pueda ocurrir en este juicio. Por eso yo creo que es acertada la medida de la prisión preventiva y es tan importante ponerle nombre y apellido a los ministros, a quienes pertenezcan al Poder Judicial, que están involucrados con estos chats y con esta red de corrupción. Porque en la medida que eso no se despeje, la desconfianza de ver a ministros de Corte Suprema, de ver a jueces, de ver a fiscales involucrados -siendo además los creadores de salidas alternativas para evitar la justicia como la gente común y corriente en Chile- van a instalar la desconfianza en la institucionalidad».
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