2 de mayo 2024

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Ad portas del tercer aniversario del estallido social, el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, emplazó al presidente Gabriel Boric a disculparse con el funcionario de Carabineros que disparó y dio muerte a Francisco Martínez, un malabarista que utilizaba machetes en Panguipulli y que se resistió al control de identidad que le iba a aplicar el uniformado, quien se sintió amenazado por las armas blancas que portaba el artista.

En este marco, el parlamentario por La Araucanía señaló que «este 18 (de octubre) no hay nada que conmemorar porque lo que sucedió hace tres años es un estallido delincuencial» y aseguró que a pesar de que muchos se fueron en contra de Carabineros, «hoy el general (Ricardo) Yáñez parece una animita de San Expedito porque van todos a arrepentirse» con él.

Mellado aseveró que la institución policial debe ser respaldada y que «una de las maneras de creerle a este gobierno sería que el presidente Boric fuera donde aquel carabinero» de Panguipulli que fue dado de baja «y pedirle perdón. Es la única manera de que le creamos, porque ya no le cree nadie».

Cabe recordar que el 5 de febrero de 2021 fue detenido el sargento segundo de Carabineros Juan González por su participación en el procedimiento en la Plaza de Armas de Panguipulli que culminó con la muerte del joven de 28 años, Francisco Martínez Romero. En su versión entregada en el parte policial, el uniformado explicó que procedió a disparar al cuerpo de la víctima cuando ésta le pegó en la cabeza con uno de los machetes que portaba. El malabarista callejero falleció la tarde de ese viernes en pleno centro de Panguipulli, región de Los Ríos, tras recibir múltiples disparos del suboficial. El sujeto se resistió a un control de identidad, con dos armas blancas, tipo machetes, que utilizaba para hacer malabares.

González fue formalizado por el delito de homicidio simple y se dispuso su arresto domiciliario. Entonces el Juzgado de Garantía de Pangupulli planteó que si bien el artista callejero portaba elementos de un «carácter potencialmente letal», que habilitaban al funcionario a hacer uso de su arma de servicio, el último disparo que realizó, que impactó en el tórax de la víctima y que fue el causante de su muerte, fue «innecesario» ya que el afectado ya se encontraba desestabilizado por los dos disparos anteriores que había recibido en sus piernas.