Funcionarios de la DGAC exigen poder subir a vuelos comerciales ante temor por deficiencias en aviones FACH

Mediante un comunicado, la Asociación Nacional de Funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) declaró su «intranquilidad ante la falta de respuesta formal» a un temor «racional» tienen tienen sus asociados.

Esto, ya que deben abordar aeronaves militares de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), con el objeto de transportarse desde y hacia la Isla Rey Jorge, territorio antártico, donde se encuentra ubicado el Aeródromo Tte. Rodolfo Marsh M.

Según indican, dicho temor está basado en «las deficiencias técnicas de funcionamiento que han presentado los aviones Hércules C130 en el último trimestre del presente año, los cuales constituyen el único medio de transporte», todo ello «teniendo a la vista el lamentable accidente aéreo suscitado en diciembre de 2018».

«Los miedos se originan en las múltiples suspensiones de vuelos y fallas visualizadas en el aeródromo indicado, toda vez que la FACH exige a los civiles que abordan sus aeronaves que firmen un documento que los libera de responsabilidad en caso de suceder algún tipo de incidente o accidente», sostiene la misiva.

Respecto a este último punto, los funcionarios indican que la «rechazamos en toda su dimensión por estar comprometida la integridad física y psíquica de nuestros representados, teniendo a la vista que por las querellas y demandas en curso por el accidente mencionado se verifica que nadie se hace cargo de los efectos directos y colaterales de un eventual siniestro, lo que va mucho más allá de una mera protección legal y la improbable cobertura de seguros personales».

De esta forma, señalan que «se demanda la utilización del medio aéreo comercial que presta Aerovías DAP», esto con el objetivo de «salvar la situación de temor manifestada», ya que dichos línea aérea, «sí está fiscalizada conforma a la normativa vigente por la DGAC, cuestión que no ocurre con las aeronaves militares»

Por último, en su comunicado dicen que «exigimos que la ministra de Defensa Nacional pueda definir la viabilidad del uso de medios de transporte para civiles, ya que hasta la fecha no hay respuesta de la máxima autoridad de la DGAC».