- A través de un oficio dirigido al Director General, AFUN CAJ Biobío solicitó antecedentes sobre materias clave para la gestión institucional y anunció que evaluará nuevas acciones si no recibe una respuesta completa dentro de los plazos legales.
La Asociación de Funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial del Biobío (AFUN CAJ Biobío) ingresó un oficio dirigido al Director General de la institución, Mauricio Decap, solicitando información detallada sobre una serie de materias que generan creciente preocupación entre las y los funcionarios y que, hasta hoy, carecen de la transparencia que la administración está obligada a garantizar.
El requerimiento abarca antecedentes sobre actas del Consejo Directivo, cargos vacantes, concursos públicos e internos, investigaciones sumarias, aplicación de la Ley Karin, licencias médicas, enfermedades profesionales, demandas laborales e indemnizaciones pagadas por la institución, entre otros aspectos que impactan directamente en la gestión y en los recursos públicos.
«Resulta inaceptable que los trabajadores deban recurrir a oficios formales para obtener información que debiera estar disponible y ser conocida por quienes sostienen diariamente el funcionamiento de la Corporación. La transparencia no puede depender de la voluntad de la autoridad de turno», señaló el presidente de AFUN CAJ Biobío, Marcelo Inostroza.
La organización manifestó especial inquietud por conocer el estado real de las vacantes, los procesos de concursos, las investigaciones administrativas, la implementación de la Ley Karin y el aumento de causas judiciales que involucran a la institución, materias que, a juicio del gremio, requieren respuestas claras y oportunas.
Asimismo, desde AFUN CAJ Biobío afirmaron que la eventual falta de información o la demora en responder solo profundizan la incertidumbre y debilita la confianza de los trabajadores en la conducción institucional.
«Cuando existen dudas sobre la administración de una institución pública, el silencio nunca es una buena respuesta. La ciudadanía y los funcionarios merecen conocer cómo se toman las decisiones, cómo se administran los recursos y qué medidas se adoptan frente a situaciones que comprometen la responsabilidad institucional», agregó Inostroza.
Finalmente, el abogado y dirigente advirtió que realizará un seguimiento estricto al cumplimiento de este requerimiento y evaluará las acciones gremiales y administrativas que correspondan en caso de no obtener una respuesta completa y dentro de los plazos legales.
«No buscamos confrontación; buscamos transparencia, rendición de cuentas y respeto por las y los trabajadores. Quien administra recursos públicos tiene el deber de responder y dar explicaciones”, concluyó.
SIGUE LEYENDO
Ministro Arrau confirma discusión inmediata a proyecto que endurece penas contra menores que cometen delitos graves
Auditoría al Estado detecta más de $1,4 billones en transferencias a fundaciones sin rendición
Incendio afecta al Regimiento Arauco en Osorno y obliga a declarar tercera alarma