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La Verdad se Conquista

La Asociación de Funcionarios/as del Instituto Nacional Derechos Humanos (AFFINDH) denunció esta mañana el eventual cierre, por parte de la Dirección de Sergio Micco, del Programa de Acompañamiento Psicosocial de Víctimas de violaciones a los derechos humanos, ocurridas en el contexto del estallido social. La noticia, se le comunicó durante la jornada de ayer a los profesionales que se desempeñan en dicho programa, levantando las alarmas por la revictimización y el abandono que implicaría una medida de este tipo en las víctimas que atiende el INDH.

Andrea Álvarez, vocera de la AFFINDH, explicó que “en la práctica, esto se traduce en que el INDH no podrá continuar acompañando psicosocialmente a las víctimas del estallido social mientras duren los procesos judiciales, periodo que en ningún caso es menor a 2 años. Este fue justamente uno de los compromisos que Sergio Micco tomó con las organizaciones que actualmente impulsan la toma del INDH”.

“Además, se desconoce la continuidad de los equipos jurídicos de apoyo a las víctimas, por lo que -de cerrarse este apoyo- resultará sumamente complejo para los y las funcionarios/as de planta del INDH tramitar las 3010 querellas presentadas hasta la fecha, dificultando aún más la posibilidad de brindarles justicia y reparación”, añadió la dirigenta de la AFFINDH.

El presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez Debelli, también se refirió sobre la denuncia de la AFFINDH, señalando que “es una vergüenza en un área tan importante tan estratégica en la función que cumple este Instituto, con esos profesionales que tienen nombre y una responsabilidad directa de acompañamiento, sea cerrada. Una amenaza de esas características es retroceder frente a las demandas urgentes de nuestra sociedad”.

“Por eso nosotros creemos que hay que involucrarse, que quienes tienen voz y voto en el Instituto, como son los consejeros y consejeras, no permitan esta amenaza, esta vergüenza, y fortalezcan los equipos humanos”, sentenció el presidente de la ANEF.

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Una de las demandas que han visibilizado los funcionarios/as del INDH es la precarización laboral de los profesionales que forman parte de los programas de atención de víctimas del estallido social, que se iniciaron en noviembre de 2019. Ellos y ellas, se desempeñan con contratos de trabajo a plazo fijo, por periodos de 6 meses, lo que dificulta la continuidad de las diversas acciones que se realizan con las víctimas, y que no contribuye a un proceso de acompañamiento genuino y acorde a las necesidades de las personas.

Un claro ejemplo de lo denunciado por la AFFINDH, es el caso de la Región Metropolitana que atiende a aproximadamente a 1400 víctimas, a través de un equipo integrado por tres duplas psicosociales (seis funcionarios), los que se ven sobrepasados en su capacidad para dar atención de calidad a cada una de ellas.

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