23 de mayo 2024

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El ministro de Justicia, Luis Cordero, explicó este martes las razones de por qué pidieron no entregar los expedientes de los indultados por el presidente Gabriel Boric, lo cual había sido solicitado por parlamentarios de oposición al Tribunal Constitucional (TC).

Incluso, senadores de Chile Vamos y Demócratas presentaron un requerimiento al mismo tribunal para impugnar indultos, específicamente los del ex frentista Jorge Mateluna y otros seis que resultaron presos durante el estallido social.

El TC resolvió por unanimidad tramitar el fondo de los requerimientos, por lo que solicitó al Ejecutivo una copia de los expedientes de los indultados por Boric y también de todos los indultos concedidos desde 1981.

De este modo, el ministro Cordero señaló que «el Tribunal Constitucional solicitó esa información bajo reserva, y la razón por la cual el tribunal lo solicita así, es porque la ley señala que cuando se entregan datos personales, tiene que estar bajo reserva», justificando así la negativa del gobierno para hacer públicos los antecedentes de los beneficiarios.

«Los abogados de los senadores requirentes, han pedido tener acceso a esa información y lo que ha solicitado el Tribunal Constitucional, es pedirnos la opinión y nosotros no podemos responder sino lo que dice la ley», indicó.

«La ley de datos personales, específicamente en el artículo 21, impide el tratamiento y entrega información a terceros respecto de datos personales (…) y en los expedientes existen datos personales y datos sensibles que no pueden ser comunicados a terceros», sostuvo.

«Dicho de otro modo, el Ejecutivo no podía responder sino lo que señaló, porque lo que establece la ley», subrayó. «El resto lo tendrá que resolver el tribunal», acotó.

«Lo relevante es que el tribunal pidió esa información bajo reserva, no es que nosotros hubiésemos solicitado especialmente esa reserva», explicó el secretario de Estado.

GOBIERNO PIDE AL TC NO ENTREGAR EXPEDIENTES DE INDULTADOS PARA NO ENTORPECER SU «REINSERCIÓN»

Según publicó Ex-Ante, el gobierno pidió no divulgar los antecedentes de los indultados para no entorpecer su reinserción social.

«Los antecedentes relativos a las condenas, referidos a personas identificadas -en este caso- o identificables, además de comprometer su vida privada o intimidad, su honra o la protección de sus datos personales, su divulgación podría entorpecer también su reinserción social», señala la solicitud.

«Cabe hacer presente que la información requerida por este Excmo. Tribunal Constitucional, necesaria para el debido cumplimiento de sus funciones, contiene variados antecedentes cuya publicidad podría afectar los derechos de terceros. En efecto, esta información incide sobre antecedentes de carácter personal y no se encuentra disponible en una fuente accesible al público. De esta manera, solo puede utilizarse para los fines con los que hubiera sido recolectada», agrega.

«En efecto, contiene datos sensibles como los que refieren a sus características físicas y morales, o a hechos o circunstancias de su vida privada o su intimidad (conyugal, familiar y doméstica, antecedentes sociales, psicológicos y de salud de las personas, ya sea a través de fichas, informes o expedientes médicos), y hasta datos personales cuya difusión pudiera afectar su seguridad, como es su domicilio», indica.

Al respecto, Cordero dijo que «la ley de datos personales establece que respecto de los antecedentes penales, una vez cumplida las condenas, no se pueden comunicar a terceros, salvo a los tribunales de justicia». «Y la razón por que señala eso, es precisamente tiene que ver con permitir que las personas puedan reinsertarse, pero eso lo dice la Ley», agregó.

«Yo logro entender la inquietud política, pero esto es una discusión que se ha trabado en términos jurídicos y la respuesta solo puede ser jurídica», sentenció.