27 de enero 2021

La forma en que el Congreso de Perú apartó del cargo al Presidente Martín Vizcarra el 9 de noviembre de 2020 y las consecuencias inmediatas que ello podría tener para la independencia del Tribunal Constitucional representan una grave amenaza al estado de derecho en el país, señaló hoy Human Rights Watch. Ante esto, llamaron a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a convocar una sesión del consejo permanente urgentemente y vigilar de cerca la situación en el Perú.

Para HRW, «el Congreso peruano destituyó al presidente Vizcarra invocando facultades legales dudosas, al sostener que tenía una ‘incapacidad moral’ debido a acusaciones de corrupción contra él que todavía están siendo investigadas».

«Decenas de legisladores en el Congreso, que también están bajo investigación penal por diversos delitos, habían intentado destituirlo infructuosamente por otras razones en septiembre. Vizcarra impulsó varias iniciativas contra la corrupción que afectaban a numerosos miembros del Congreso. El presidente del Congreso, Manuel Merino, se juramentó como presidente el 10 de noviembre en medio de protestas multitudinarias y señalamientos de uso excesivo de la fuerza por la policía en respuesta a estas manifestaciones», advirtieron.

“Las acusaciones contra Vizcarra deben ser investigadas; sin embargo, existen serias dudas sobre la legalidad de su vacancia, que parece responder al interés personal de algunos legisladores de eludir cualquier rendición de cuentas a futuro”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Los gobiernos de las Américas deben fiscalizar de cerca las decisiones que adopten Merino y el Congreso. Existen motivos sólidos para sospechar que utilizarán la destitución de Vizcarra para seguir debilitando el estado de derecho en el Perú”.

En los próximos meses está previsto que el Congreso y el presidente de Perú impulsen procesos que son fundamentales para las instituciones del país, incluyendo la selección de magistrados del Tribunal Constitucional y la organización de la elección presidencial programada para abril de 2021. El Tribunal Constitucional está examinando una demanda acerca de la cláusula constitucional que permite la vacancia del presidente por “incapacidad moral”.

Durante su presidencia, que empezó en marzo de 2018, Vizcarra impulsó varias iniciativas contra la corrupción, incluyendo medidas orientadas a limitar la inmunidad parlamentaria y reformar las normas sobre el financiamiento de partidos políticos.

Según indicaron medios de comunicación, decenas de congresistas, incluido del partido de Merino, están siendo investigados penalmente por cargos que incluyen corrupción, entre otros graves delitos.

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