28 de noviembre 2021

Veritas Capitur

La Verdad se Conquista

  • La legisladora humanista pidió a la Contraloría, a Presidencia, a la Superintendencia de Pensiones y la Subsecretaría de Previsión Social que informe los reclamos y gestiones realizadas por el pago de los fondos previsionales a los cotizantes.

Mediante cuatro oficios, la diputada del Partido Humanista, Pamela Jiles, salió a exigir una serie de respuestas por posibles irregularidades en el pago del 10% previsional, al que accedieron los cotizantes tras la aprobación de la Reforma Constitucional.

Esto, luego de innumerables reclamos de las personas por supuestos incumplimientos -por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones-, según lo dispuesto en la normativa.

La legisladora no solo ofició a la Superintendencia de Pensiones y la Subsecretaría de Previsión Social, sino también a la Contraloría y a la Presidencia de la República, puesto que es «urgente lograr hacer efectiva en la práctica la reforma constitucional del derecho excepcional al retiro, debido a que su incumplimiento está dañando gravemente el derecho de los afiliados y sus familias a acceder a los recursos».

Al Presidente Sebastián Piñera, Jiles le pidió que informe las «instrucciones y gestiones realizadas con objeto de asegurar el ejercicio de los derechos de los afiliados en relación a la normativa promulgada de retiro excepcional del 10% de los fondos previsionales». Además, que detalle las «gestiones realizadas frente a la enorme cantidad de reclamos de afiliados a administradoras de fondos previsionales por el incumplimiento de lo establecido en la reforma constitucional».

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Peticiones similares hizo a la Subsecretaría de Previsión Social y a la Superintendencia de Pensiones: que indiquen la cantidad de reclamos recibidos, que señalen cuáles son las administradoras que estarían incumpliendo la norma, entre otras.

«Se ha conocido, por diversos medios de comunicación, una enorme cantidad de denuncias de personas que han sufrido diversos problemas tanto con las solicitudes como con el retiro efectivo de su dinero», denunció la legisladora en los documentos.

En relación al oficio enviado a la Contraloría, la parlamentaria solicitó que «investigue si el Ministerio del Trabajo, la Subsecretaria de Previsión Social y la Superintendencia de Pensiones, han ejercido todas las atribuciones y facultades que les corresponden en virtud de cumplir su función de garantizar el ejercicio de los derechos de los afiliados».

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