Informe de Amnistía Internacional revela que la pandemia profundizó desigualdades y vulneraciones en Chile

Amnistía Internacional entregó un nuevo informe anual que documenta el estado de los derechos humanos a nivel global y nacional. En esta ocasión tuvo un especial foco relacionado a la pandemia del Coronavirus.

En el documento señalan que el Covid-19 ha puesto al descubierto y agravado la desigualdad sistémica, la represión generalizada y las políticas destructivas que han contribuido a que las Américas sea la región más afectada por la pandemia».

En Chile, de acuerdo a cifras oficiales, ha habido 1.037.780 casos y más de 23.000 personas han fallecido hasta ahora por COVID-19. No obstante, esta cifra de fallecidos considera solo casos confirmados; si se suman los casos sospechosos, la cifra llega a más de 31.000 personas, agregan.

También explican que la desigualdad, la discriminación estructural y el débil liderazgo del gobierno actual abonó el terreno para que el Covid-19 se propagara con una brutal fuerza en el territorio, haciendo que el país llegara a estar entre los diez con más muertes por millón de habitantes en el mundo. Todo esto en medio de medidas y discursos oficiales alejados de innumerables recomendaciones de expertos, incluyendo de la Mesa Social Covid que el propio gobierno convocó, y de la realidad que se veía en terreno.

«Si el gobierno nunca reconoció el colapso del sistema de salud que sí vivieron varios hospitales públicos de zonas más populosas y que atienden a población de menores recursos, difícilmente se iban a preparar como correspondía para la nueva ola de contagio que vemos hoy en día«, añadió Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile.

Restricciones asociadas a la pandemia

Las detenciones arbitrarias fueron práctica habitual, señala, que en muchos casos estuvieron relacionadas con la aplicación de las restricciones asociadas al Covid-19, y en algunos países se obligaba a las personas a someterse a cuarentena en centros gestionados por el Estado que no cumplían las normas sanitarias ni de distancia física. Ante la persistente huida de la violencia, la pobreza y los efectos de la crisis climática, varios gobiernos detuvieron a personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes en condiciones que las dejaban expuestas a un riesgo elevado de contraer el Covid-19, mientras que otros llevaron a cabo devoluciones forzosas sin tener debidamente en cuenta sus solicitudes de asilo.

En Chile, un ejemplo de esto sucedió a comienzos de este año, con la expulsión de más de 100 personas, mayormente venezolanas, que llegaron a la zona de Colchane en busca de protección, y que fueron expulsadas incluso habiendo recursos judiciales pendientes y cuyo resultado no se esperó.

Manifestaciones y demandas sociales

En el caso de Chile, las manifestaciones sociales se han mantenido, aunque en menor escala durante la crisis de salud. El actuar de las policías ha continuado revelando una intención de castigar a quienes se manifiestan, más que controlar el orden público. El incumplimiento de las normas sanitarias debido a la pandemia no puede usarse como excusa para reprimir a las personas con violencia.

«Por otra parte, hemos visto el proceder ambiguo, inexplicable e incluso grosero de Carabineros que mientras reprimían algunas marchas, resguardaban otras. Esto es una muestra más de que los abusos y la discriminación siguen arraigados en nuestras instituciones y sociedad», añade Ana Piquer.

La pandemia intensificó la crisis de violencia contra las mujeres y las niñas en las Américas, pues las medidas de confinamiento dieron lugar a un considerable aumento de la violencia de género en el ámbito familiar, la violación y los feminicidios. Las medidas para proteger a las mujeres y las niñas fueron inadecuadas en toda la región, y a menudo las investigaciones sobre casos de violencia por motivos de género fueron inadecuadas e insuficientes.

Los pueblos indígenas se vieron muy afectados por el Covid-19 debido al acceso inadecuado a agua apta para el consumo, saneamiento, servicios de salud, prestaciones sociales y falta de mecanismos culturalmente adecuados para proteger su derecho a la salud y a medios de vida. Por otro lado, varios países declararon esencial el sector minero durante la pandemia, con lo que expusieron al contagio a pueblos indígenas. Los derechos de los pueblos indígenas continuaron amenazados, ya que muchos gobiernos no garantizaban su consentimiento libre, previo e informado antes de dar luz verde a importantes proyectos extractivos, agrícolas y de infraestructuras.

En el caso de Chile, tanto en la crisis sanitaria como en la crisis de derechos humanos, el liderazgo que se requería no vino del gobierno, vino de la misma gente, por ejemplo, del personal de salud, organizaciones de la sociedad civil, brigadistas, observadores de derechos humanos, prensa independiente y de quienes levantaron ollas comunes.

«Han sido estas personas las que mostraron la humanidad que se requiere en estos tiempos excepcionales. Claramente saludamos y agradecemos estas acciones, pero también exigimos al gobierno que se haga cargo de sus responsabilidades. Esperamos que el proceso constituyente que se avecina abra la oportunidad que necesitamos para construir ese país más humano, en el que la dignidad se defienda desde las autoridades, y no a pesar de ellas», menciona  Ana Piquer.