Los jefes de bancada de Chile Vamos sostendrán una reunión durante la próxima semana con el objetivo de analizar y evaluar una posible acusación constitucional (AC) en contra de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, luego que no interviniera en un conflicto que provocó el traslado de cárcel de tres comuneros mapuche en Angol, que previamente amenazaron al alcaide.
Lo anterior ocurrió el pasado miércoles 17 de agosto, cuando se concretó el traslado desde el Centro de Detención Preventiva de Angol a centros de educación y trabajo de dos de tres comuneros que estaban en huelga líquida desde hace varios días.
Asimismo, la negociación ocurrió de manera directa entre el director regional de Gendarmería, Juan José Navarrete, y el lonco Víctor Queipul, que finalmente facilitó el traslado de los internos Johan Milanao, Juan Calbucoy y Sergio Levinao.
La Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios solicitó a la ministra Marcela Ríos involucrarse, quien luego señaló que los beneficios intra penitenciarios los entrega Gendarmería a través de un consejo técnico que posee un carácter autónomo, lo cual significaría que la dirección regional de Gendarmería en La Araucanía habría pasado a llevar la autonomía del consejo técnico, tomando la decisión del traslado de estos internos sin su venia, aprobación y unanimidad.
En conversación con Veritas Capitur, el jefe de bancada de Evópoli, Franciso Undurraga, explicó el objetivo de una posible acusación constitucional contra la secretaria de Estado.
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