La Contraloría General de la República emitió un informe este jueves respecto a las pensiones de gracias otorgadas tras el estallido social, esto en medio de la polémica que se he generado por la detención y antecedentes de algunos de los beneficiarios.
El documento señala que existen 19 expedientes, remitidos por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en los que no se presentaban antecedentes «o bien, los respaldos correspondían a certificados médicos poco legibles, sin diagnóstico, con antecedentes contradictorios respecto del daño o con una fecha anterior a octubre de 2019″.
Además, indica que 58 de las 419 personas beneficiadas con pensión de gracias «tienen antecedentes penales por condenas, con resultado de multa, prisión y reclusión o presidio, incluidos delitos violentos».
En esa misma línea indica que existe beneficiarios con más de 10 condenas.
Entre los delitos mencionados, «se advierten delitos de estafa, tráfico y microtráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, entre otros».
A lo anterior se suma que el documento «Flujo Postulación Pensión de Gracia INDH 2022”, que contiene la categorización de las lesiones que pueden haber sufrido los postulantes (…) no se encontraba aprobado formalmente».
Finalmente, la Contraloría concluye que no se da cuenta «de la decisión de la autoridad de establecer un incremento de pensiones otorgadas con anterioridad a dicha definición».
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