23 de abril 2024

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En votación dividida y tras un arduo debate, la Sala acordó volver a la Comisión de Constitución, el proyecto sobre indulto a fin de que sea analizado en particular.

Por 19 votos a favor y 16 en contra, la Sala del Senado decidió devolver a la Comisión de Constitución el proyecto, en segundo trámite, sobre indulto para los detenidos en el marco de las manifestaciones del estallido social

La decisión de Sala se adoptó tras un arduo debate que estuvo cruzado por el procedimiento que establece el Reglamento, el respeto a los acuerdos de Comités y la opción previa de la Comisión de Constitución, que no abrió plazo para indicaciones pese a que la Sala había autorizado a la instancia a discutir en general y particular.

Entre los senadores de oposición se argumentó que era “legítimo devolver el texto legal a la Comisión especializada para que pudiera tener un nuevo informe y recibir ahí los perfeccionamientos necesarios”, más aun considerando que un grupo de senadores y senadoras presentó una nueva moción que “crea la Comisión Nacional de Reconciliación y la Paz Social”. Asimismo, la Mesa del Senado recordó que “el informe sobre indulto se dio cuenta en la sesión de hoy, por lo que la Sala es soberana de decidir el trámite de la iniciativa, de acuerdo al Reglamento”.

Desde la otra vereda, los senadores de gobierno acusaron una “vulneración a los acuerdos previos de Comités” y una “maniobra” de la oposición con el fin de “evitar discutir de cara a la ciudadanía si eran partidarios o no de indultar o amnistiar a personas que habían cometido delitos violentos”. “Lo que correspondía era votar en general el texto legal en Sala y luego fijar plazo para indicaciones y no pasar la aplanadora”, recalcaron.

COMISIÓN DE VERDAD Y REPARACIÓN

Al inicio de la sesión ordinaria, el debate reglamentario se inició con la votación dividida (19 votos a favor y 15 en contra) sobre la admisibilidad de la moción de autoría de los senadores Yasna Provoste, Pedro Araya, Álvaro Elizalde, Francisco Huenchumilla y Alejandro Guillier que establece la creación de una Comisión Nacional de Reconciliación y Paz Social.

Inicialmente, la propuesta fue declarada inadmisible por la secretaría del Senado pues crearía “una nueva institucionalidad con un objetivo específico y obligaciones a organismos públicos, facultad exclusiva del Presidente de la República”.

Además, se explicó que se entregarían nuevas obligaciones a autoridades como el fiscal del Ministerio Público, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, el Defensor Nacional Público y el Ministro de Justicia de designar un representante para integrar la citada Comisión”.

No obstante, la senadora Provoste defendió la propuesta señalando que “se trata de crear una comisión temporal y no es la primera comisión asesora del Congreso. Esto no abarca materias de iniciativa exclusiva. No crea ningún órgano del Estado. No se entregan potestades públicas. Sólo la comisión elabora un informe en tres meses. No implica gasto público tampoco”, detalló.

A su turno, el senador Araya manifestó que “puede haber una moción que simplemente organice la coordinación de entes que cumplen funciones, eso no es inadmisible. Por eso presentamos este proyecto con el fin de agilizar los procesos pendientes”.

Considerando dichos argumentos, la Sala con voto dividido aprobó la admisibilidad y se decidió que el texto sea derivado a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.