El Sindicato de trabajadores de Minera Escondida, una de las mayores productores mundiales de cobre, decidió convocar a huelga o paralización de actividades durante los próximos días 21 y 23 de noviembre.
La decisión, según explicaron mediante un comunicado, «se produce ante la negativa de la Empresa para buscar una resolución de las quejas, pese a que el Sindicato ha insistido estas semanas en buscar compromisos de solución que permitan el respeto de los derechos de los trabajadores».
El sindicato precisó que comunicó de forma anticipada y formal a la empresa respecto a la movilización, efectuando así coordinaciones y preparando equipos de emergencia, con el fin que la movilización sea disciplinada y con una alta adhesión de los cerca de 2.400 socios.
«La situación de múltiples infracciones no sólo se ha mantenido, sino que durante esta semanas se han producido graves incidentes en seguridad, como son tres incendios, en donde hemos podido confirmar que la Empresa no ha adoptado las medidas de prevención y seguridad que le son exigibles, exponiendo a los trabajadores a graves riesgos, además de sumar nuevas denuncias por práctica antisindical y vulneración a derechos fundamentales», agregan.
La empresa operada por la china BPH, que cuenta con el 57,5% de la propiedad, emitió una declaración donde aseguró que «la seguridad y salud de las personas es la principal prioridad para Escondida. La compañía mantiene los más altos estándares de la industria minera en esta materia y cumple estrictamente los protocolos establecido y la normativa vigente».
En ese sentido, la compañía afirma que «no existe justificación para realizar las paralizaciones anunciadas por el Sindicato N°1. A través de esta acción, la organización sindical pretende presionar a la compañía para obtener el pago de un aporte al sindicato y de un bono a sus socios, ninguno de los cuales tiene su fundamento en la ley ni en el contrato colectivo vigente. Es importante considerar que dicho contrato colectivo fue acordado por las partes recién en agosto del año pasado».
Por último, aseguran que mantendrán «abierta todos sus instancias de diálogo» y esperan «que el sindicato deponga esta medida de fuerza». Concluyen señalando que esta acción, es perjudicial «también para el desarrollo económico y social de la región y el país».
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