El 22° Juzgado Civil de Santiago acogió el recurso presentado por siete generales de Carabineros en contra de los cargos que formuló la Contraloría General de la República en 2020 por su eventual responsabilidad administrativa en los hechos ocurridos en las calles durante el estallido social.
La resolución de los policías uniformados, dos de ellos en retiro, que acusaron a la Contraloría de extralimitarse en sus facultades fiscalizadoras, señala «el hecho de que la manera en que el contingente policial debe utilizar ciertos medios y herramientas de control del orden público se encuentre regulada por protocolos (…), no transforma la función y labor de control de orden público en una actividad controlable por la Contraloría General de la República en el marco de los controles y auditorías que realiza sobre administración del Estado».
Y precisa que «dichas regulaciones son de carácter interno del Ministerio del Interior y de Carabineros de Chile y están enmarcadas dentro de las potestades jerárquicas de Carabineros, no excluyéndose de su naturales de actividad de mérito y conveniencia que le es inherente».
Los cargos que formuló Contraloría fueron contra el jefe de la Zona Metropolitana, Mauricio Rodríguez; jefe de la Zona Santiago Este, Enrique Bassaletti; director de Logística, Jean Camus; jefe de la V Zona Valparaíso, Hugo Zenteno; jefe de la Zona Santiago Oeste, Enrique Monrás; jefe de la Zona de Control Orden Público e Intervención, general (r) Jorge Ávila; y el director nacional de Apoyo a las operaciones Policiales, general (r) Jorge Valenzuela.
Desde Contraloría indicaron que recurrirán «a todas las instancias judiciales que correspondan para hacer valer sus facultades disciplinarias en esta materia».

SIGUE LEYENDO
Presidentes de la Cámara y el Senado entregan a ministro Arrau plan para fortalecer la seguridad y respaldar a Carabineros
Senadores de oposición de la comisión de Economía ofician a Segpres y Contraloría por posible conflicto de interés en tramitación de ley de apuestas en línea
Junaeb denuncia ante Fiscalía y Contraloría presuntas irregularidades por más de $14 mil millones