El 15 de mayo del año pasado, Javiera Calabrano se trasladó al Hospital de San José, ya que estaba a punto de dar a luz a Benjamín. Pese a sentir fuertes contracciones y mostrar todas las señales de que estaba lista para parir, la dejaron esperando varias horas en la sala de preparto sin entregarle información.
En ese intertanto, a Javiera no se le permitió estar acompañada, se le practicaron maniobras sin su consentimiento, se desatendieron sus dolores y advertencias de que algo no estaba bien, además de recibir malos tratos por parte del personal de salud y ocultarle el estado de salud de su recién nacido. Lamentablemente, su hijo sufrió una asfixia y falleció a los pocos días de nacer. Ella fue víctima de violencia obstétrica, catalogada en 2019 por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como una violación a los derechos humanos de la mujer.
Testimonios como el suyo no son aislados y se han acrecentado durante la pandemia. De acuerdo a cifras del DEIS del Ministerio de Salud (MINSAL), en el 2020 solo un 72% de mujeres estuvieron acompañadas durante el parto, cifra que en el 2019 era de un 97%, mientras que en el trabajo de parto se observa una baja de 43% versus el 72% de mujeres que parían acompañadas en el 2019. Estas prácticas vulneran el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y procesos reproductivos, afectando la satisfacción de la mujer con su experiencia de parto, su salud mental y la del recién nacido.
Por eso, la diputada Claudia Mix junto a un grupo de organizaciones de la sociedad civil, entre las que destacan la Agrupación Ginecólogas Chile, la Red Chilena de Salud Mental Perinatal, El Observatorio de Violencia Obstétrica, Maternas Chile y la Asociación de Matronas y Matrones de Chile (ASOMAT), coordinadas en la Mesa Social de Parto Respetado, le enviaron hoy una carta a la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Mónica Zalaquett, solicitando la realización de una reunión para presentarle en detalle el proyecto de ley, el cual busca establecer derechos en el ámbito de la gestación, preparto, parto, postparto, aborto en tres causales, salud ginecológica y sexual y violencia obstétrica.
“Necesitamos contar de una vez con una legislación pública integral, que respete a la mujer y personas gestantes en sus derechos y su autonomía sexual y reproductiva, que permita acceder a un parto respetado y que contribuya a frenar la violencia ginecobstétrica, un fenómeno generalizado y sistemático que se da tanto en hospitales públicos, como clínicas privadas”, señalan en la misiva.
El proyecto de parto respetado fue presentado al Congreso en octubre de 2018, pero aún no ha sido puesto en tabla. Por eso la idea es reunirse con la Secretaria de Estado y pedirle su apoyo para que que la iniciativa pueda convertirse en ley.
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