Fueron diversos los temas que abordó el fiscal nacional, Jorge Abbott, en el marco de la cuenta pública 2021 del Ministerio Público, realizada durante esta jornada.
Entre los principales temas se encuentran: causas de Derechos Humanos, donde solicitó la creación de una Fiscalía especializada y Violencia rural, donde abordó un plan nacional para combatir los hechos ocurridos en la macrozona sur del país.
Delitos sanitarios
Dentro de los primeros puntos que abordó el persecutor, fue precisamente lo relacionado a la pandemia. En específico detalló que en los 13 meses de pandemia, han ingresado al sistema más de 529 mil personas por cometer transgresiones contra las resoluciones de la autoridad de la seguridad pública.
Asi mismo, agregó que de ese total, en un 60% se han dictado resoluciones por parte de los tribunales, agregando que las investigaciones «se ha concentrado en identificar y llevar a la justicia con más severidad a los empleadores que falsifican permisos colectivos o que obligan a sus trabajadores a romper la cuarentena, en perseguir a los organizadores de fiestas o eventos masivos prohibido; y en pedir sanciones para quienes transgreden las restricciones sanitarias en forma reiterada”.
Causas de DDHH
En cuanto a delitos relacionados a Derechos Humanos, el fiscal nacional entregó detalles sobre las causas que se llevaron a cabo durante el 2020: «La Fiscalía ha formalizado 57 causas por violaciones a los DD.HH, las que involucran a 118 imputados, 113 son carabineros, 4 del Ejército y 1 de la Armada de Chile».
En este sentido señaló que «la creación de una fiscalía especializada de Derechos humanos, como aquellas que existen en nuestros países vecinos, constituirá una clara demostración del compromiso de Chile con la investigación y reproche a toda violación de derechos fundamentales por parte de agentes del Estado”
En este contexto, el fiscal añadió que «he instruido que se lleve adelante un plan de contingencia para examinar los criterios de actuación aplicados en causas de DDHH archivadas y en las que se decidió no perseverar, con el fin de apoyar a los equipos investigativos regionales en la reapertura de estas indagatorias si es que existen razones que lo fundamenten».
«Dictaré un nuevo oficio que actualizará los criterios de actuación en causas de violaciones a los DDHH, que abordará las principales obligaciones internacionales, en materia de investigación de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y de desarrollarán criterios diferenciadores entre estos delitos».
Violencia de género
En cuanto a delitos de violencia de género, el fiscal señaló que durante el año 2020, ingresaron más de 127 mil denuncias relacionadas a este tipo de delitos.
Por lo tanto, explicó que «hemos decidido explorar el uso de nuevas tecnologías de análisis de información y desarrollar un sistema de inteligencia artificial, que apoye a los fiscales y funcionarios en adelantar la detección de situaciones de riesgo que afecten a víctimas de violencia intrafamiliar, denominado Algoritmo de Sugerencia de Riesgos.
Violencia rural
«Son hechos de especial gravedad. Son investigaciones altamente complejas, las zonas son extremadamente amplias y difícil de cubrir», señaló el fiscal nacional en cuanto a los hechos de violencia que se originan principalmente en la macrozona sur del país.
«He instruido que en el plazo de un mes, contemos con un plan de trabajo nacional, con foco en la Macrozona sur, y con cuatro ejes de acción: la conformación de equipos interregionales para abordar la violencia rural, una coordinación efectiva con las policías, el establecimiento de enlaces con el Gobierno y el diseño de un apoyo integral para la protección de las víctimas de violencia rural», añadió.
Violencia urbana
En cuanto a este punto, Abbott, explicó que «el año pasado se cometieron en Chile 895 homicidios, un número extraordinariamente alto, al cual no estábamos acostumbrados». En esta línea agregó que «lo que involucró un aumento de un 20% en relación al año 2019».
En este sentido agregó que el país «está enfrentando una violencia más cruda y agresiva, la que pretende arrebatar espacios públicos y crea inseguridad, provocando un impacto profundo en las víctimas»
El Ministerio Público convocó a la formación de una mesa de violencia urbana con el Ministerio del Interior, Carabineros de Chile, PDI, Servicio Nacional de Aduanas, la Armada y Gendarmeria.
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