El diputado Tomás Lagomarsino (Partido Radical) junto a sus pares Carlos Bianchi (IND), Felipe Camaño (IND), Viviana Delgado (IND), Marta Gonzalez (IND), Andrés Jouannet (Amarillos), Cosme Mellado (Partido Radical), Jaime Mulet (FREVS), Camila Musante (IND) y Alberto Undurraga (DC), hicieron ingreso del proyecto de Ley que crea la Agencia de Función Pública, la que será encargada de fiscalizar el uso de los recursos públicos que se entregan a instituciones privadas.
Tras el ingreso de la iniciativa, el diputado Lagomarsino declaró que “hemos finalmente ingresado un proyecto de Ley que busca crear la figura de la Agencia de Función Pública para regular adecuadamente las fundaciones y organismos privados que reciben fondos públicos para realizar acciones públicas. De tal forma de asimilar la obligaciones, fiscalizaciones y regularizaciones a las cuales son sometidas a las de las reparticiones públicas”.
En ese sentido, el parlamentario dijo “esperamos que sea una solución definitiva para que el Gobierno finalmente pueda salir de la crisis de las fundaciones y para cual en todos estos meses desde que estalló por primera vez el caso Democracia Viva no ha ingresado ningún proyecto de Ley esta Cámara de Diputadas y Diputados o al Senado”.
Por su parte, el diputado Mulet calificó el proyecto como “una gran iniciativa” debido a que “lo que se hace es introducir mayores niveles de fiscalización, a través de esta Agencia de la Función Pública, de estos organismos privados que son las fundaciones y las corporaciones. De tal manera que pueda verse, averiguarse y fiscalizarse no sólo las rendiciones, sino que, especialmente, los temas también de pertinencia, de necesidad, de ejecutar uno u otro proyecto”.
“Esta es una institución nueva para las fundaciones y corporaciones. Creemos que el Gobierno debería tomar este proyecto para trabajarlo en conjunto y para evitar situaciones como las que han ocurrido durante los últimos meses”, agregó.
Mientras que el abogado y ex candidato convencional, Andrés Sepúlveda, quién es redactor del proyecto, planteó que la iniciativa “viene a cubrir una necesidad y un vacío legal que actualmente existe, que es básicamente la no extensión de la responsabilidad administrativa y penal a los organismos privados que son receptores de fondos públicos”.
Y señaló que lo que se busca es “evitar que existan defectos estructurales en nuestro ordenamiento jurídico que permitan que se puedan replicar de nuevo los casos como el Caso Convenios”.
En tanto, la diputada Viviana Delgado, comentó que “hoy me avergüenza, como dirigenta, hablar de fundaciones cuando tenemos fundaciones en los territorios que están alimentando a la gente que no tiene para comer hoy en día. Para eso son las fundaciones, no para que tenga un premio alguien que no salió en un cargo político”.
Finalmente, la diputada Marta González agradeció la invitación a suscribir la iniciativa y sostuvo que “hemos tenido bastantes ataques y paseos por los matinales, pero en el fondo lo que tenemos que proponer son las medidas concretas que nos van a permitir salir de esta crisis. Que podamos fiscalizar a todos los organismos que reciben dineros públicos y no sólo en el funcionamiento sino que también en la pertinencia del gasto, en la eficiencia y en la eficacia del uso de los recursos públicos”.
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