15 de julio 2024

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  • El texto contempla siete áreas que incluyen la etapa de preparación, ingreso del virus al país y la llamada “nueva normalidad”; el tema de las cifras de contagios y de fallecidos; y la estrategia de trazabilidad, testeo y aislamiento. En el debate, hubo quienes criticaron la oportunidad de la investigación y su propia finalidad, mientras que otros defendieron sus conclusiones.

Casi 400 páginas comprenden el informe de la comisión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados que investigó sobre los actos del Gobierno en torno a su manejo de los diferentes aspectos que involucra la pandemia originada por el virus Covid-19, texto que fue aprobado hoy por la Sala.

El texto, que fue aprobado en la comisión con el voto de mayoría dado por legisladores/as de oposición, sostiene que el Gobierno se enfocó de manera primordial en la situación hospitalaria, descuidando gravemente la propagación de la pandemia.

“La estrategia inicial del Gobierno consistió en un reforzamiento del sistema de salud para atender las situaciones más críticas de contagio, lo cual es valorado como necesario, pero no fue suficiente para el control de la pandemia, descuidándose los indicadores de reproducción del virus”, se acota.

Se plantea que la toma de decisiones careció de receptividad de ideas por parte de científicos, médicos, asociaciones gremiales, estadísticos, profesionales de la salud y, en definitiva, de la participación ciudadana que requería el manejo de esta pandemia, al tiempo que se aseguró que las denominadas “cuarentenas dinámicas” no respondieron a criterios epidemiológicos claros, ni tuvieron como motivación la detención de la propagación del virus en Chile.

También se critica en este texto los “desaciertos comunicacionales” del Ejecutivo, particularmente del Presidente de la República y del exministro Mañalich y se afirma que las autoridades sanitarias no adoptaron las medidas adecuadas para asegurar el ingreso, procesamiento y reportabilidad de los datos, afectando la fiabilidad del registro de contagiados.

En relación al conteo y registro de fallecidos, se concluye que Sebastián Piñera, Jaime Mañalich y los titulares de las Subsecretarías de Salud y Redes son “responsables de la decisión política de comunicar a la ciudadanía una estadística de fallecidos por Covid-19 que subreportaba la cifra real”, pese a haber tenido acceso al registro de decesos por Covid-19 del DEIS, organismo que utiliza los datos del Registro Civil e Identificación para su elaboración.

A juicio de la comisión, resulta evidente que, en marzo, el Gobierno ya estaba en conocimiento de las recomendaciones oficiales de los organismos internacionales competentes en la materia, “las cuales no fueron consideradas en su totalidad”. En tal plano, se cuestionó que se optara por una “estrategia de inmunidad de rebaño”, en vez de la TTA (testear, trazar y aislar).

“Las consecuencias de no adoptar las medidas preventivas correspondientes por parte del Gobierno se tradujeron en la imposibilidad de interrumpir efectivamente la cadena de contagios, que provocó que el virus se expandiera rápidamente a gran parte de la población, aumentando con ello el número de casos graves y, como consecuencia, el número de personas fallecidas”, se concluye.

Asimismo, se sostiene que el plan paso a paso también llegó de manera tardía (23 de julio); se refuta la falta de transparencia en la toma de decisiones relacionadas a este sistema; y se adjudica al Presidente de la República y a los ministros de Salud la responsabilidad política del manejo de la pandemia en Chile y sus efectos, acusándose un marcado y preocupante carácter centralizado del proceso de toma de decisiones durante la pandemia.

El diputado Jaime Mulet afirmó que en el informe se expresan con claridad las responsabilidades políticas de las autoridades respecto a cómo el Gobierno enfrentó la pandemia.

Otras conclusiones

El informe afirma que el Ejecutivo se precipitó al proponer al Congreso Nacional una serie de políticas públicas para enfrentar la crisis socioeconómica y critica que algunas de ellas tuvieron “un marcado énfasis de focalización, provocando segregación en los distintos segmentos de la sociedad, de acuerdo a su nivel de ingresos”.

Adicionalmente, se plantea que el ministro de Salud incurrió en infracciones a la Constitución y a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional al no dar respuesta a más de 16 oficios despachados por la comisión investigadora, pese a ser reiterados en diversas oportunidades.

Por último, una última conclusión, en este caso aprobada en forma unánime por la comisión, dice compartir plenamente lo señalado en el “Informe sobre evolución de la epidemia de Covid-19 en Chile”, de la ONG Espacio Público, del 29 de octubre pasado.

En dicho marco, se recomienda al Presidente de la República y ministro de Salud, como a todas las autoridades del país, aprender las lecciones de la segunda ola en Europa, para que no vaya a ocurrir en nuestro país una situación semejante. Así, mientras no haya una vacunación extensiva, se llama a continuar con el sistema TTA o aplicar medidas restrictivas al contacto entre personas.