El Consejo Fiscal Autónomo (CFA), envió un análisis de los efectos de sostenibilidad fiscal ante la propuesta de la Pensión Garantizada Universal por parte del Gobierno. La iniciativa fue abordada luego de una solicitud por parte de legisladores de la oposición del Congreso Nacional.
En el documento, el CFA, sostiene que “si bien el Ministerio de Hacienda indica que en régimen el mayor gasto fiscal con las indicaciones se ubicaría en aproximadamente 0,95% del PIB, las cifras hacia 2050 no muestran una estabilización completa del mayor gasto, ya que para dicho año este aún se encuentra en ascenso”.
Además, la entidad analiza las iniciativas de financiamiento presentadas por el ejecutivo, entre las que destacan la reducción y eliminación de las exenciones tributarias. “El Consejo observa que corresponde a nuevos ingresos permanentes, por lo que su efecto para financiar el gasto de la PGU no tiene impacto sobre el balance estructural ni en la deuda bruta o neta del gobierno. Sin embargo, advierte sobre “la fecha de entrada en vigencia de esos cambios a las exenciones, ya que los ingresos que provendrían de esa fuente dependen de la aprobación de un proyecto separado del que crea la PGU”
Por ello, el CFA plantea “buscar fórmulas legislativas para que la implementación de los cambios tributarios que genera esta fuente de financiamiento sea anterior o que, al menos, coincida con la entrada en vigencia de la PGU”.
Respecto a la disminución del aporte mínimo obligatorio que debe llevarse a cabo anualmente al FRP, que pasaría de 0,2% a 0,1% del PIB, el CFA señala que “implica una menor acumulación de ahorro para el financiamiento de los gastos previsionales futuros, para destinarla a gasto corriente en pensiones”.
Asimismo “en cuanto a los efectos en las variables fiscales del gasto en PGU financiado con el menor aporte al FRP, ello implicaría un mayor déficit estructural anual de 0,1% del PIB, por cuanto no existe una contraparte de mayores ingresos permanentes asociados”.
En conclusión “la deuda neta aumentaría, debido a que el cambio implica un menor ahorro destinado al FRP, al reducir su aporte mínimo anual a la mitad. En base a este análisis, el Consejo sugiere su reemplazo por otra fuente de financiamiento con características de permanente”.
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