28 de febrero 2024

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La Contraloría General de la República (CGR) emitió este lunes un instructivo con el que busca «perfeccionar» los criterios sobre lobby.

Recordemos que fueron los diputados Rubén Oyarzo (PDG) y Francisco Pulgar (IND) quienes presentaron el requerimiento ante la CGR tras las reuniones que sostuvieron algunos ministros y ministra con empresarios en el departamento del lobbista y exalcalde UDI, Pablo Zalaquett.

El documenta señala respecto a estos encuentros que «se configuran algunas de las exigencias legales y reglamentarias para considerar que las citadas actividades constituirían lobby, en tanto se desarrollaron a instancias de una persona que figura registrada como sujeto activo, con la participación de autoridades que poseen el carácter de sujetos pasivos y, además, se abordaron temas propios de las respectivas Secretarías de Estado».

Sin embargo, indica que «a la fecha, no consta que en tales reuniones se hubieren requerido u obtenido decisiones a que alude el artículo 5° de la Ley de Lobby, como lo exigen la ley y la jurisprudencia administrativa de esta Contraloría General ya reseñada».

En ese sentido, apunta que los ministros «invocan al efecto los criterios interpretativos de la propia jurisprudencia de esta Entidad de Control, y sostienen que, conforme a ellos, omitieron dejar constancia de tales actividades».

En consecuencia, la CGR declara que «a la luz de lo sostenido en los precitados dictámenes, referidos a situaciones de similar naturaleza, y teniendo presente el principio de certeza jurídica, no resulta posible observar las omisiones de registro que se reclaman en base a una interpretación administrativa distinta a la aplicada en la jurisprudencia obligatoria que esta Entidad de Control mantenía vigente para toda la Administración al momento de la ocurrencia de tales hechos».

Por último, la CGR afirma que «se procederá a perfeccionar los criterios jurisprudenciales de esta Contraloría General en la materia, emitiendo instrucciones destinadas a los organismos y servicios públicos de la Administración del Estado y a otras entidades sujetas a su control, sobre aspectos centrales del cumplimiento de dicha ley».