Decretan prisión preventiva para funcionario del Poder Judicial detenido por porte ilegal de armas y explosivos

En el Juzgado de Garantía de Traiguén fue formalizado J.P.P.V. de 39 años, funcionario del Poder Judicial que fue detenido en horas de ayer por Carabineros por mantener en su domicilio diverso armamento de guerra, municiones y explosivos.

En total fueron incautadas cinco armas y 680 municiones sin percutir, todo de distintos calibres. También detonadores eléctricos y mecánicos, cinco explosivos artesanales y diversas vestimentas de camuflaje.

Si bien en primera instancia la defensa del funcionario del Poder Judicial, cuya identidad no se puede dar a conocer por orden del tribunal,  había solicitado que la detención se declarara ilegal, debido a que  la solicitud de entrada y registro era por una denuncia por infracción a la ley de drogas, esta no fue acogida por el tribunal y posteriormente la jueza Sandra Nahuelcura declaró ajustada a derecho la aprehensión del imputado.

Posteriormente el Ministerio publico formalizó la investigación en contra del imputado por infracción a Ley de Control Armas, por lo que solicitó la medida cautelar de prisión preventiva.

En esta causa el Gobierno se querelló en contra del funcionario diversos delitos, entre ellos, tenencia ilegal de armas prohibidas, de armas de fuego y de municiones. Desde esta parte también se adhirieron a la solicitud de prisión preventiva realizada por la Fiscalía.

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Por su parte, la defensa señaló que no comparten las solicitudes realizadas y añadieron que el imputado no representa un peligro para la sociedad.

Pese a esto, la jueza Sandra Nahuelcura acogió las solicitudes del Ministerio Público y la parte querellante y declaró prisión preventiva como medida cautelar para el funcionario del poder judicial, por considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad.

Desde el Ministerio público solicitaron la autorización para para revisar  diversos elementos tecnológicos encontrados en el procedimiento policial. La defensa se opuso a esta solicitud porque se vulnerarían las garantías fundamentales de terceras personas, incluyendo niños, que no tienen que ver con los hechos.

El tribunal decidió acoger en parte la solicitud, por lo que solo se podrá revisar un computador que es propiedad del imputado. Además se fijó un plazo de investigación de 3 meses.