El Gobierno ingresó un veto supresivo al proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional, conocido como megarreforma, con el objetivo de eliminar tres disposiciones incorporadas durante la tramitación parlamentaria: la prohibición absoluta del anatocismo, el denominado “derecho al olvido financiero” y la restricción para pactar plazos excepcionales de pago de facturas superiores a 30 días.
El documento fue ingresado luego de que la iniciativa fuera despachada por el Congreso. Según el Ejecutivo, las tres normas exceden las ideas matrices del proyecto y podrían generar efectos negativos sobre el sistema financiero y el financiamiento de empresas.
En el caso del anatocismo, el veto busca suprimir el artículo 32, que prohibía en todos los casos el cobro de intereses sobre intereses o su capitalización en operaciones de crédito. Hacienda argumentó que una prohibición de ese tipo podría afectar productos como depósitos a plazo renovables, repactaciones, líneas de crédito y préstamos con períodos de gracia o cuotas variables.
Respecto del denominado “derecho al olvido financiero”, contenido en el artículo 39, el Gobierno propone eliminar la disposición que obligaba a borrar de los registros internos y de la comunicación a terceros las deudas impagas o extinguidas con más de cinco años de antigüedad, además de impedir que esa información fuera utilizada para negar productos financieros.
La Moneda sostiene que esa materia ya está regulada por la Ley del Registro de Deuda Consolidada y que la nueva disposición podría generar duplicidades, conflictos con otras obligaciones legales de conservación de información y efectos sobre la cobranza y el acceso al crédito.
El tercer punto corresponde al artículo 40, que impedía pactar plazos excepcionales de pago en facturas superiores a 30 días y reducía los plazos cuando el Estado actúa como comprador. El Ejecutivo planteó que estos acuerdos constituyen una herramienta de financiamiento utilizada especialmente por micro, pequeñas y medianas empresas.
Con el ingreso del veto, las observaciones del Presidente deberán ahora ser revisadas tanto por la Cámara como por el Senado, antes de que la megarreforma pueda completar su tramitación y avanzar finalmente hacia su promulgación.
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