4 de mayo 2024

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  • Obras como el Centro Acuático se estimaron en $17 mil millones y ya van en $51 mil millones. El gobierno chapucero de Piñera dejó las cosas para última hora y es el costo que todos deberemos pagar. El país ya renunció dos veces al evento y no puede hacer el papelón de reincidir

Por El Ágora


Los Juegos Panamericanos del próximo año se han transformado en todo un quebradero de cabeza para el Gobierno. Y para la billetera fiscal. El Centro Acuático del Estadio Nacional, cuyo costo inicial se calculaba cercano a los 20 mil millones de pesos, ascendió ahora por sobre los 50 mil millones, con el riesgo cierto de que dicha cantidad vaya incluso aumentando.

Son también motivo de polémica las instalaciones para el tenis y el Estadio de Atletismo Mario Recordón, en el mismo coliseo, pero sin duda que es el Centro Acuático la obra que tiene los mayores cuestionamientos.

Todo parece indicar que la administración anterior, de Sebastián Piñera, no trabajó con tiempo el tema de las obras que debían llevarse a cabo para contar con todos los escenarios que requiere el evento. Dejaron que el tiempo pasara desaprensivamente y luego, con motivo del alza de los precios en el rubro de la construcción, producto de un fenómeno inflacionario internacional, tuvieron que aceptar lo que las empresas constructoras pidieran, porque era eso o quedarse sin los Juegos Panamericanos.

Y el país no podía permitírselo. Menos si en dos oportunidades anteriores, tras obtener la sede, desistió de llevar a cabo el evento.

La primera fue en 1975, cuando producto del golpe de Estado, la dictadura cívico-militar estimó que no había que realizarlos. La segunda fue en 1987, en plena dictadura, pero con una sociedad efervescente que ya luchaba abiertamente en las calles por el término del régimen.

La Odepa, Organización Deportiva Panamericana, le pasó la cuenta a Chile, otorgándole en 2019 los Juegos Panamericanos a Perú, por sobre la postulación nacional.

El gobierno actual, que por supuesto no quiere asumir el costo que significaría quedarse una vez más sin los Juegos, con todo el desprestigio que ello conlleva, ha decidido seguir adelante, dejando de lado los cuestionamientos al gobierno anterior. El llevar adelante las obras del Centro Acuático, a cualquier precio, es la más clara prueba de todo ello.

Pero si el gobierno de Gabriel Boric ha decidido “no hacer olitas”, sí hay particulares que se rebelan ante esta alza desmedida de costos que suena a todas luces escandalosa. El 27 de octubre, el ingeniero Bernardo Santander acudió a la Contraloría para que ésta examinara detenidamente todo el proceso de adjudicación de las tres obras que deben llevarse a cabo al interior del Estadio Nacional.

Santander no es un profesional cualquiera. Fue jefe de la División de Infraestructura del Ministerio del Deporte, y cree que no es normal ni lógico que obras calculadas en 17 millones de dólares, asciendan a 50 millones de la divisa estadounidense cuando el tiempo se agota para llevarlas a cabo.

“Es un aumento del 57% de agosto a octubre. Es verdad que el presupuesto original era más bien austero y había que corregirlo. Pero pasar de $32 mil millones a más de $50 mil millones es a todas luces una exageración”, dice.

Para Santander ésta no es, sin embargo, la única irregularidad. Explica: “Una de las cosas más importantes es que se liberó a la empresa de presentar sus ‘Análisis de Precios Unitarios de las Partidas de Obras’, o APU, que permite tener una aproximación al costo de los materiales, de los fletes y de la mano de obra, por ejemplo. Es una referencia, pero si se carece de esa referencia la empresa puede cobrar lo que se le venga en gana, y no hay forma de refutarla”.

Concluye Santander:

“Soy un convencido de que veremos nuevas alzas en las obras que están en curso. Porque tampoco se previno la concentración de empresas. Al final, en este proceso encontramos otra vez al grupo Flesan, que ya tiene a su cargo las instalaciones del Parque del Estadio Nacional, el Centro de Deportes Colectivos y Explanada de Deportes Urbanos, pero que en el caso del Centro Acuático estableció una Unión Temporal de Proveedores (UTP), junto con Moller & Pérez-Cotapos S.A., aunque pusieron ahí que esta última iba como principal para emitir una imagen distinta”, recalca Santander.

La solución estaba a la mano y era simple, según el mismo Santander:

“Todo lo anterior se habría solucionado si se convoca a la Cámara Chilena de la Construcción desde un comienzo, o si se hubieran pagado insertos en medios para informar de estas licitaciones, o hacer llamados internacionales, pero nada de eso se hizo”, puntualiza.