27 de abril 2024

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Un grupo de 428 pescadores artesanales, buzos mariscadores y recolectores de orilla de la Región de Antofagasta, presentó una demanda por indemnización de perjuicios en contra de Antofagasta Terminal Internacional, (ATI S.A.), por los constantes derrames en de metales pesados en la bahía de Antofagasta, producto de una serie de «incumplimientos medioambientales graves y reiterados por parte de esta empresa», del holding de Andrónico Luksic, según denuncias los demandantes.

En la querella de los trabajadores de mar que patrocina el Estudio Jurídico Lagos & Cía, se enumeran los cargos que la autoridad sanitaria ha formulado en contra de ATI, desde el año 2015 a la fecha y las resoluciones sancionatorias en contra del Terminal, por «los constantes derrames al mar (bahía de San Jorge) de concentrados de cobre y/o plomo y/o zinc y/o arsénico, entre otros metales pesados, provenientes desde las instalaciones de la demandada, derivados de la falta de una completa hermeticidad y encapsulamiento en cada faena de recepción, acopio y embarque de dichos concentrados en el Puerto de Antofagasta».

«En suma, se producen en la bahía de Antofagasta derrames de diversos concentrados de metales pesados (cobre y/o cadmio y/o plomo y/o zinc y/o arsénico), todas sustancias cancerígenas o que producen efectos severos en la salud, provenientes desde las instalaciones de ATI S.A en el Puerto de Antofagasta, en particular del Terminal de Embarque de Graneles Minerales – Puerto Antofagasta II Región y/o de las instalaciones del proyecto de «Recepción, Acopio y Embarque de Concentrados de Cobre», se señala en la querella.

El año 2018 Andrónico Luksic fue consultado en El Mostrador por la contaminación que Antofagasta Terminal Internacional genera a la ciudad de Antofagasta por la emanación de metales pesados, donde aseguró que «si el Puerto de Antofagasta está contaminado, la autoridad debe cerrarlo ya. El dueño del puerto es el Estado de Chile y Antofagasta Terminal Internacional (ATI) es su concesionaria. Por lo tanto, es la autoridad la que debe tomar esa decisión y si así lo resuelve, lo acataremos con todos los costos que esto implica”.