18 de octubre 2021
  • El fallo del máximo Tribunal es inédito en Chile, porque instruye al Estado a suministrar la totalidad de tratamiento médico a vecina de El Bosque que padece cáncer, cuyo costo anual es de $35 millones.

Luego de un intenso trámite judicial, la Corte Suprema falló a favor de la Municipalidad de El Bosque, entidad que recurrió al máximo Tribunal con el fin de obtener la entrega de un costoso tratamiento contra el cáncer para una vecina de su comuna, el cual había sido negado por parte del Ministerio de Salud, constituyéndose en un precedente legal inédito en esta materia.

Por medio de un recurso de protección presentado por el alcalde de El Bosque, Sadi Melo, en defensa de la vecina Blanca Vásquez Rodríguez, que exigía al Minsal cubrir su tratamiento de cáncer en etapa IV, el municipio recurrió a la Corte Suprema, instancia que revocó el fallo anterior y acogió el libelo, dando la razón al municipio y obligando a la Secretaría de Estado a costear el tratamiento de Blanca, cuyo costo anual es de $35 millones.

Palmociclib, es el medicamento que la paciente debía costear de su propio bolsillo para su mantener su estado de salud. Es por eso que el municipio bosquino colaboró con la compra del tratamiento por dos meses.

Luego del dictamen favorable, el jefe comunal de El Bosque expresó que “estamos contentos por Blanca y su familia, ya que se hizo justicia por su vida. Nadie en este país puede quedar sin tratamiento, sea cual sea su enfermedad. La salud es un derecho y como municipio hemos cumplido con restituir ese Derecho fundamental”.

La defensa de la Municipalidad en el caso se basó en la imposibilidad de adquirir este costoso medicamento, al estar catalogada dentro del 40% más vulnerable y que el fármaco no está cubierto por la Ley Ricarte Soto. Esto motivó a la Dirección Jurídica del municipio, representada por el Abogado Sebastián Rosas, a presentar un recurso de protección por vulneración a los derechos a la vida y la integridad física y psíquica de Blanca Vásquez Rodríguez y su familia.

Con el fallo, el Estado está obligado a suministrar el medicamento a la paciente.

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