8 de octubre 2024

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Más de 800 mil personas se encuentran en la fase de pago del Crédito con Aval del Estado (CAE). Sin embargo, preocupantemente, se ha observado un notable aumento en la cantidad de deudores que han suspendido el pago del crédito. Esto surge tras las promesas de condonación, llevando la tasa de morosidad a niveles alarmantes.

Un reporte elaborado por Bárbara Manríquez, experta en educación del laboratorio de políticas públicas Pivotes, ofrece un panorama detallado de la situación del CAE desde diciembre de 2017 hasta marzo de 2023. Los datos muestran un incremento del 9% en la morosidad del CAE en el primer trimestre de 2022, pasando del 52% al 61% luego de las elecciones presidenciales. Este porcentaje se ajustó a un 58% en marzo de 2023, pero la tendencia alcista se ha mantenido.

Dicha alza significa que, durante el período examinado, aproximadamente 98 mil deudores en fase de reembolso han incumplido con sus cuotas mensuales.

“Los datos muestran que las expectativas de condonación del CAE han deteriorado persistentemente el comportamiento de pago. Cerca de 6 de cada 10 ex estudiantes están morosos, lo cual es una situación sin precedentes antes de la elección del actual gobierno”, señala Manríquez.

Contrario a la percepción general, se ha identificado que la mayoría de los que han dejado de pagar son profesionales capaces de asumir sus compromisos financieros, y no necesariamente jóvenes que abandonaron sus estudios universitarios. De hecho, entre diciembre de 2021 y marzo de 2023, los graduados universitarios experimentaron un aumento del 7% en la morosidad, mientras que aquellos que abandonaron sus estudios solo aumentaron un 4%.

Manríquez apunta que existe una fuerte correlación entre la promesa de condonar el CAE y el alza en la morosidad, algo que ha sido también alertado por organismos como la Comisión Ingresa. “Todo indica que haber realizado esta promesa fue una decisión incorrecta no solo desde el punto de vista técnico, sino que también desde la perspectiva política, pues por un lado la morosidad creciente aumenta la presión y la tensión en torno al financiamiento de la educación superior; y por otro lado, desvía el foco de lo que actualmente es urgente, es decir, la recuperación educativa y la opción de que las escuelas cuenten con mayores recursos”, plantea.

“Un avance en lo anterior sería la tramitación del proyecto de ley que extiende y moderniza el uso de la Subvención Escolar Preferencial, que ni siquiera está en tabla para ser discutido en el Senado”, concluye la investigadora.