26 de abril 2024

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Desde el Senado buscan nuevos mecanismos que permitan destrabar  el conflicto en torno a un proyecto de indulto general en favor de las y los presos de la revuelta popular de octubre del 2019.

El problema surge ante la falta de apoyo que existe en los parlamentarios en torno a la figura del indulto, al considerar que adolece de vicios técnicos, pues la medida solo beneficiaría a condenados y no a la mayoría de aquellos que aún son parte de un proceso de investigación judicial.

Recordar que para ser aprobado el proyecto requiere del apoyo de al menos 22 senadores. No obstante, hay dos disposiciones -que buscan regular el funcionamiento y las atribuciones de los tribunales- que necesitarían de 25 votos. La estimación que existe en el Senado es que ni siquiera se llegaría al piso mínimo de 22.

Por este motivo el senador y jefe de bancada DC, Francisco Huenchumilla, presentó una indicación sustitutiva que reemplaza gran parte del texto por una amnistía.

Tal como versa la propuesta “son objeto de esta amnistía los siguientes delitos cometidos entre 7 de octubre del 2019 y el 9 de diciembre del 2020”, añadiendo que “extingue el delito y si ha mediado condena, hace cesar su ejecución y las penas accesorias”.

Sin embargo tal como advierte Huenchumilla “la amnistía no extingue la responsabilidad civil ni impide las acciones civiles de las victimas contra los particulares responsables de los delitos que se amnistían por la presente ley”, explica el proyecto de ley.

Tal como informó Gendarmería a la mesa del Senado, hay 211 personas privadas de libertad por causas relacionadas con el estallido social. Entre ellas, 67 están en calidad de condenadas y 144 en prisión preventiva.